El juez Fredy Orellana tiene impedimento legal para conocer el caso de los líderes indígenas Pacheco y Chaclán.
La dictadura judicial se ensaña contra los pueblos indígenas, esta vez personificados en Luis Pacheco y Héctor Chaclán, exdirigentes de los 48 Cantones de Totonicapán. El caso lo llevaba el juez Arnulfo Carrera, pero tras una recusación de la Fundación contra el Terrorismo, la Sala Tercera de Apelaciones lo trasladó al juez séptimo penal Fredy Orellana.
Es difícil que el Estado pueda brindar salud integral a poblaciones en áreas rurales remotas.
Esta es una maniobra para castigar a los detenidos por haber ejercido su derecho constitucional a la manifestación en el 2023 en defensa de la democracia. Sobre todo porque en esas movilizaciones los pueblos indígenas exigieron la renuncia de Orellana por ser instrumento de la fiscal general, Consuelo Porras, para atacar a quienes luchan contra la impunidad. Por esa razón, Orellana tiene impedimento legal para conocer el caso.
El exfiscal Juan Francisco Sandoval afirma que la Sala Tercera de Apelaciones violó el artículo 98A de la Ley del Organismo Judicial y el acuerdo 18-2012 de la Corte Suprema de Justicia porque debía enviar el caso a los jueces Sexto A o Sexto B, a quienes correspondía en orden numérico. Sin embargo, sin justificación lo pasó al juez séptimo para que cayera en manos de Orellana.
Sobre este juez pesan las sanciones de EE. UU. y la Unión Europea por socavar la democracia y el Estado de derecho. Es un juzgador que puede utilizar este caso para vengarse de los pueblos indígenas, lo que equivale a una persecución penal. No fue error, fue una manipulación descarada, lo que se traduce en corrupción judicial.
La salubridad se irá de las áreas rurales
El presidente Bernardo Arévalo anunció la salida del país, en forma progresiva, de los médicos cubanos que dan atención en áreas rurales aisladas. Esta medida se debería al alineamiento del gobierno a la política estadounidense contra el régimen cubano.
El problema es que este retiro impactará en las regiones remotas, principalmente indígenas, a donde los médicos guatemaltecos se niegan a ir. Los cubanos brindan servicios de cirugía, pediatría, ginecoobstetricia, anestesiología, epidemiología, entomología y atención primaria de salud en 16 departamentos.
El Ministerio de Salud dice que impulsará un plan de sustitución con contratación de personal e incentivos para plazas de difícil acceso y apoyo técnico especializado. ¿Se puede confiar en esa declaración? Hemos visto cómo los hospitales en la capital y zonas urbanas departamentales pasan apuros por carencia de médicos, medicamentos y tecnología apropiada. La experiencia nos dice que es falso que en apenas un año se pueda resolver un problema estructural que ha excluido a millones de personas en áreas rurales.
Según el Banco Mundial, Guatemala tiene 128 médicos por cada cien mil habitantes, lo cual es inferior a otros países de la región. Por ejemplo, Costa Rica tiene 150; El Salvador, 160 y México, 240 médicos por cada cien mil habitantes. Esta decisión impactará en una mayor morbilidad y mortalidad porque el Estado no tiene capacidad de proporcionar servicios de salud de calidad en áreas de extrema pobreza.