La penitenciaría, situada al norte de Luisiana, fue establecida a finales del siglo XIX sobre terrenos que anteriormente fueron plantaciones esclavistas, y desde entonces ha sido escenario de denuncias por abusos, maltrato, explotación laboral y muertes de reclusos. Su historial le ha valido el apodo de la prisión “más sangrienta” de Estados Unidos.

Una de las áreas donde serán confinados los migrantes es conocida como El Calabozo, debido a que muchas de sus celdas están destinadas al confinamiento solitario. Según reportes de Fox News, este espacio será usado para mantener bajo estricta vigilancia a personas extranjeras consideradas de “alto riesgo”.

“Tendremos las condiciones para tener acá a los migrantes y delincuentes de más alto riesgo”, declaró la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien, durante su intervención, mencionó una decena de nombres de personas detenidas —procedentes de varios países latinoamericanos— como parte del grupo inicial trasladado a la prisión.

Noem agregó que ya han sido movilizados 51 migrantes y que están listos para ampliar la capacidad a 200 personas, con el respaldo del gobernador de Luisiana para alcanzar hasta 400 camas.

La medida responde a un acuerdo entre el gobierno estatal de Luisiana y la Administración Trump, similar a convenios firmados con Florida e Indiana, para expandir la capacidad de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés).

Tras la aprobación del presupuesto federal en julio, que asignó recursos extraordinarios a la agenda antimigratoria de Trump, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) busca alcanzar una capacidad total de 80 mil camas para la detención de migrantes.

Actualmente, más de 61 mil 200 migrantes permanecen detenidos en EE. UU., el número más alto en años. De ellos, el 45 % no tiene antecedentes criminales, según el investigador Austin Kocher, de la Universidad de Syracuse.

Durante el acto, la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, afirmó que la habilitación de esta prisión debe ser “ejemplo para el resto del país”, y reiteró que harán “todo lo posible” para mantener a personas extranjeras “con delitos” fuera de las calles.

La Asociación de Libertades Civiles Americanas (ACLU, en inglés) demandó en 2023 al Gobierno federal por presunto maltrato a menores de edad recluidos en Angola.