El oficialismo busca frenar la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, al considerar que su aprobación violó el procedimiento constitucional. La bancada Semilla presentó una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) contra el Congreso de la República, que dejó sin efecto el veto presidencial y ordenó la publicación inmediata del Decreto 7-2025.

José Carlos Sanabria, diputado de Semilla, afirmó que esta decisión “es apresurada, inconstitucional y rompe el orden democrático”, y que “desconocer un veto perfectamente válido coloca en riesgo la legalidad del gasto público”.

El Congreso aprobó el Acuerdo Legislativo 6-2025 el pasado 7 de octubre, con el cual desconoció el veto del presidente Bernardo Arévalo, bajo el argumento de que el Ejecutivo no actuó dentro del plazo de 15 días que establece la Constitución. Sin embargo, el oficialismo asegura que el veto es válido y que corresponde a la CC determinar su legalidad.

Sanabria añadió que el amparo busca que el alto tribunal ordene suspender la publicación del acuerdo legislativo y que se instruya al Congreso a continuar con el trámite conforme a la Carta Magna. “Evitar precedentes como este es clave para que el control institucional sobre el gasto público no se debilite”, puntualizó.

La norma permitiría a los Consejos Departamentales de Desarrollo Urbano y Rural (Codedes) conservar los fondos que no logren ejecutar durante el año fiscal, en lugar de devolverlos al erario. Este punto ha generado críticas por parte de distintos sectores que advierten sobre los riesgos de discrecionalidad en la asignación de recursos.

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