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Repudio al ilícito y lesivo autoaumento congresil
Usted, como ciudadano, vea los nombres y los sellos políticos de los perpetradores para poder demostrar que Guatemala sí tiene memoria.
El abusivo aumento salarial de los diputados del Congreso es ilícito porque no se cumplieron todos los requisitos legales para su vigencia. Tiene una mancha de origen: fue forzado traicioneramente a través de una enmienda de curul, de última hora, en la madrugada del 27 de noviembre, a espaldas de la ciudadanía: una total negación de los principios que fundamentan el actuar del Organismo Legislativo, pues fue una componenda oportunista avalada por 87 diputados. El aumento es insostenible y lesivo porque sería una carga onerosa permanente y sin justificación.
Según fallo de la Corte de Constitucionalidad, se requería de una nueva discusión en el pleno que nunca ocurrió: la Junta Directiva, incompleta, lo “aprobó”, igual, a escondidas y lejos del ojo público. Lo negaron en repetidas ocasiones incluyendo al propio presidente Nery Abilio Ramos; evadieron las preguntas, respondieron con evasivas, pero al final todo es una onerosa e insultante mentira: los diputados cobraron su primer mes con aumento, pero no deberían acostumbrarse porque aún hay espacio para impugnaciones.
Los amparos en contra del atracón todavía no tienen resolución definitiva y las medidas contenidas por el amparo provisional no han sido cumplidas. La ocultación de la Directiva y varios bloques del sucio aval al aumentazo denota dolo; es decir, plena conciencia de una cuestionable legalidad y completa inmoralidad. El repudio ciudadano subió de tono el pasado fin de semana, al concretarse el cobro de sueldos recargados, incluyendo a diputados faltistas, ociosos y hasta farisaicos opositores, aunque tampoco se salvan los de la bancada oficialista. El manido aumento podría costar más de Q90 millones extra por año, pagados por usted, con sus impuestos, y no se vale.
Quieren esgrimir los diputados como trucada demostración de resultados las pantomimas de fiscalización, los vacuos shows de prepotencia en las citaciones y hasta quieren echar en cara a la ciudadanía los decretos que han aprobado, entre los cuales hay algunos con vacíos legales, inconstitucionalidades y deficiente redacción, a pesar de que se gastan decenas de millones en asesores. Cuando un mal trabajador llega a pedir un aumento salarial en cualquier empresa, micro, mediana o grande, lo más probable es que salga conminado a trabajar con su mismo sueldo, si no es que sale despedido.
En redes sociales circulan las listas con nombres, caras y partidos de los diputados que propusieron el burdo aumento desfinanciado, entre ellos oficialistas que se las llevaban de impolutos; también es posible encontrar en medios informativos la lista de los que votaron a favor de este asalto en despoblado, una verdadera estafa a la ciudadanía que votó por sus ofrecimientos y eslóganes. ¿Alguno de estos adefesios tuvo el valor de decir en campaña que pensaba proponer o apoyar un aumento de sueldo? Ni siquiera después de haber votado a favor de esta rapacería quieren dar la cara, pero tienen que darla.
La debida ejecutoria del amparo de la CC implicaba la inviabilidad de la treta contenida en el acta 10-2025. Quienes avalaron tal acta emularon a Judas al vender a la población a escondidas para después negarlo y renegarlo. El cobro del aumento debe ser revertido a través de los canales legales correspondientes, pero además se debe emprender la deducción de responsabilidades a cada uno de los diputados involucrados. Mientras tanto, usted, como ciudadano, vea los nombres y los sellos políticos de los perpetradores para poder demostrar que Guatemala sí tiene memoria.