La embajadora de Guatemala ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), Claudia Escobar Mejía, presentó ante los miembros del consejo el proyecto de declaración para fortalecer el apoyo internacional a la democracia y el Estado de derecho en el país, esto ante las acciones emprendidas por el Ministerio Público (MP) y las resoluciones del Juzgado Séptimo de Instancia Penal, las cuales describió como “acciones judiciales persistentes que buscan socavar la democracia”.

El proyecto de declaración, titulado “Apoyo a la democracia y al orden constitucional en Guatemala”, cuenta con el respaldo de las misiones de Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras, Estados Unidos, México, Paraguay, República Dominicana y Uruguay, lo que evidencia un amplio respaldo regional. Esto se produce luego de que el canciller Carlos Ramiro Martínez expusiera la semana anterior la situación que atraviesa el país y los intentos de algunos actores judiciales por revertir los resultados de las elecciones del 2023.

Durante su intervención, Escobar alertó a los integrantes del Consejo Permanente de la OEA sobre los riesgos que enfrenta la institucionalidad guatemalteca. “Lamentablemente persisten las acciones judiciales que buscan socavar la democracia en Guatemala”, afirmó de manera contundente.

Señaló específicamente al Ministerio Público y a ciertos juzgados, a los que acusó de generar “inestabilidad política y desgaste al gobierno del presidente Bernardo Arévalo de León”. Como ejemplo, mencionó las investigaciones que el MP ha iniciado contra el presidente y funcionarios de Gobierno, mientras que los casos presentados contra exfuncionarios no presentan avances.

Persecución penal selectiva

“El Ministerio Público mantiene abiertas más de 20 investigaciones por supuesta corrupción contra ministerios del gobierno actual, mientras no se registran avances en más de 300 denuncias presentadas por el Ejecutivo contra la gestión anterior”, aseguró.

Escobar indicó que “esta contradicción refleja el uso selectivo y polarizado del derecho penal, que se ha convertido en un instrumento de persecución política contra funcionarios, defensores de derechos humanos, periodistas, líderes sociales y autoridades indígenas”, puntualizó.

“Reiteramos que ese patrón de acciones constituye una grave amenaza al orden constitucional, a la independencia de poderes y a los principios consagrados en la Carta de la OEA”, afirmó la representante guatemalteca.

A pesar del complejo panorama que vive el país, la embajadora reconoció un avance significativo con la reciente resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), que declaró improcedentes las actuaciones judiciales emitidas por el Juzgado Séptimo, por contravenir la Constitución y los resultados electorales. También advirtió al juez Fredy Orellana que se abstuviera de continuar con ese tipo de resoluciones.

Elecciones del 2026

Sin embargo, subrayó que “el peligro continúa y que el futuro inmediato es crucial”. Hizo énfasis en las próximas designaciones de altas autoridades previstas para el 2026, entre ellas, magistrados de la Corte de Constitucionalidad, del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y del fiscal general.

“Estas designaciones serán determinantes para el futuro de nuestra democracia”, aseguró Escobar, quien también indicó que los próximos funcionarios que serán electos “deben responder a los intereses de la ciudadanía, no a los de las estructuras o redes que buscan mantener privilegios al margen de la ley”.