En la mañana de ayer 17 de julio de 2026, mientras escribía en el Parque Centroamérica de Quetzaltenango sobre la historia de la Universidad de Occidente y el peso del legado liberal en nuestra formación como nación, la tierra se sacudió con fuerza. Yo estaba en un hotel del bello Centro Histórico quetzalteco.

De niños llamábamos “temblor” a un sismo leve, pero reservábamos “terremoto” para algo realmente fuerte. Este evento, de magnitud 7.3 según el USGS (con reportes preliminares cercanos a 7.4), tuvo su epicentro en la zona de subducción frente a las costas de Chiapas, México, y se sintió con intensidad en todo el occidente guatemalteco, especialmente en Quetzaltenango. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) activó de inmediato los protocolos de monitoreo y confirmó que, hasta el momento, no se reportaron daños mayores ni víctimas fatales, aunque la población vivió momentos de pánico.

A diferencia del doble terremoto que azotó Venezuela el 24 de junio de 2026 —dos eventos de magnitudes 7.2 y 7.5 separados por apenas 39 segundos, con un desplazamiento de hasta 60 centímetros en la superficie según datos de la NASA—, nuestro sismo del 17 de julio fue un evento único, de menor profundidad destructiva en áreas densamente pobladas y sin el efecto amplificador de un “doblete” sísmico.

En Venezuela, esa secuencia casi continua provocó el colapso de cientos de edificios en Caracas y La Guaira, miles de fallecidos y daños extremos. Aquí, gracias a la ubicación y a la rápida respuesta institucional, los efectos se limitaron principalmente a pánico y daños leves. Sin embargo, ambos eventos nos recuerdan la vulnerabilidad compartida de nuestra región tectónica: la energía liberada por las placas puede ser implacable, y la diferencia entre una sacudida controlable y una tragedia radica en la calidad de nuestras construcciones y en nuestra preparación.

Estamos en una zona geológicamente activa. Miremos un poco al Norte: Tome el caso de la Zona de Fractura de Tehuantepec, la cual no se ha activado. De momento funciona como un «freno tectónico» submarino. Sin embargo, los geólogos estiman que la tensión acumulada en la región costera adyacente, conocida como la Brecha sísmica de Tehuantepec, tiene el potencial latente de liberar un terremoto de magnitud 8.4. Eso va a pasar, lo que no sabemos es cuando.

Hace apenas tres semanas reflexionaba yo en esta misma sección de La Hora sobre el doble terremoto en Venezuela. Los guatemaltecos lo sabemos bien: en 1902 Quetzaltenango sufrió un sismo devastador; en 1976, un terremoto de magnitud ~7.5-7.6 costó decenas de miles de vidas. Durante 2026, Guatemala ya superó los 3,500 sismos registrados según datos del INSIVUMEH y CONRED, lo que subraya nuestra exposición constante en la confluencia de placas tectónicas y fallas como la Motagua y Jalpatagua.

Lo que más preocupa no es solo la geología, sino lo que construimos encima. En diversos sectores de la capital (Zona 16 y Colonia Santa Rosita, entre otros) y en Quetzaltenango (particularmente en la Zona 2), persisten construcciones que no cumplen plenamente con las Normas de Seguridad Estructural (NSE) actualizadas por la Asociación Guatemalteca de Ingeniería Estructural y Sísmica (AGIES). Esto se observa también en municipios como Zunil, donde se reportan edificios de varios pisos, de hasta ocho pisos, sin el debido control técnico.

La NSE 2 (Demandas Estructurales y Condiciones de Sitio) y la NSE 3 (Diseño Estructural de Edificaciones) establecen claramente los niveles de protección sísmica, coeficientes según tipo de suelo y requisitos de diseño para resistir sismos severos. Sin embargo, la realidad muestra brechas graves en la fiscalización.

Caso concreto en Santa Rosita, Zona 16: En junio de 2024 apareció un socavón y una grieta de aproximadamente 150 metros que afectó casas, banquetas y calles. CONRED confirmó la inestabilidad del terreno en esta ladera, emitió recomendaciones urgentes —incluida posible evacuación— y solicitó a la Municipalidad de Guatemala obras de mantenimiento para la captación adecuada de aguas de lluvia. En octubre de 2025, CONRED realizó un seguimiento y reiteró las recomendaciones. Hasta la fecha, la comuna continúa realizando estudios geotécnicos, mientras decenas de familias viven con angustia cotidiana. Los vecinos reportan haber limpiado grietas durante dos años y temen la repetición de tragedias como la del Cambray.

Situaciones similares de hundimientos y grietas se han reportado en áreas como Pamplona (Zona 13) y Santa Fe, donde CONRED mantiene vigilancia.

No podemos cambiar nuestra posición geográfica, pero sí nuestra forma de habitar este territorio. La AGIES, a través de sus Normas de Seguridad Estructural, proporciona las herramientas técnicas actualizadas. Por eso es urgente exigir el cumplimiento riguroso de las NSE (especialmente NSE 1 sobre supervisión técnica y NSE 2 sobre condiciones de sitio), así como fortalecer la fiscalización municipal y departamental con recursos y personal calificado. Esto incluye simulacros regulares, planes familiares de emergencia, mapas de microzonificación accesibles y formación universitaria con mayor énfasis ético.

Atención a ingenieros y arquitectos: no basta con firmar planos. La responsabilidad profesional implica negarse a avalar proyectos que pongan en riesgo vidas humanas.

La tierra nos recuerda constantemente quiénes somos. La verdadera cuestión no es si vendrá otro sismo —porque vendrá—, sino si como sociedad, profesionales y ciudadanos estamos dispuestos a actuar con la responsabilidad que exige nuestra realidad sísmica y prepararnos. En el Centro Universitario de Occidente, CUNOC, sede de Quetzaltenango de la Universidad de San Carlos, los simulacros que rutinariamente se hacen funcionaron ayer como están funcionando los programas de maestría estructural sismo resistente. Ese es el camino.