La Corte de Constitucionalidad (CC) dio 48 horas al Congreso para explicar por qué desconoció el veto presidencial al Decreto 7-2025, tras admitir un amparo promovido por diputados oficialistas que buscan frenar la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural.

La acción legal fue presentada luego de que el Legislativo desconociera el veto del presidente Bernardo Arévalo y ordenara la publicación inmediata del decreto, lo que, según los amparistas, contraviene el procedimiento establecido en la Constitución.

La resolución de la CC señala: “Se admite para su trámite el amparo en única instancia (…) Para resolver si procede o no el amparo provisional, que la autoridad denunciada remita los antecedentes del caso o, en su defecto, informe circunstanciado, dentro del perentorio término de cuarenta y ocho horas”.

El oficialismo sostiene que el veto presidencial es válido y que fue emitido conforme al procedimiento constitucional, por lo que corresponde a la CC determinar su legalidad.

José Carlos Sanabria, diputado de Semilla, afirmó el pasado jueves que la decisión del Congreso “es apresurada, inconstitucional y rompe el orden democrático”, y que “desconocer un veto perfectamente válido coloca en riesgo la legalidad del gasto público”.

Según explicó, el amparo busca que la Corte suspenda la publicación del acuerdo legislativo y que instruya al Congreso a retomar el procedimiento conforme a la Constitución. “Evitar precedentes como este es clave para que el control institucional sobre el gasto público no se debilite”, puntualizó.

La ley en cuestión permitiría a los Codedes conservar los fondos no ejecutados durante el año fiscal, en lugar de devolverlos al erario. Este punto ha sido cuestionado por sectores sociales, que advierten sobre el riesgo de discrecionalidad en el uso de los recursos públicos.

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