Foppa: desafío crucial para el presidente Arévalo

Juan Francisco Solórzano Foppa, nieto de la distinguida intelectual Alaide Foppa desaparecida durante la dictadura de Lucas García, fue un abogado de una honestidad y valentía realmente increíbles. Independientemente del hecho que con estas líneas deseamos expresar nuestras más sentidas condolencias tanto a su madre como a esa distinguida, combativa y sufrida familia guatemalteca, aquí deseamos referirnos al hecho que su asesinato ha colocado al gobierno de la República y particularmente al presidente Bernardo Arévalo en una situación realmente crucial pues de no esclarecerse este crimen y ubicarse rápidamente a los responsables, tanto intelectuales como materiales, estos hechos pueden adquirir el carácter de crimen de Estado, que es lo que realmente buscan quienes planificaron y organizaron este cobarde atentado político con la aviesa intención de dejar en ridículo las políticas de seguridad gubernamentales, además del hecho que con ello buscan favorecer a aquellos que estarían buscando presentar la problemática de la inseguridad ciudadana como uno de los principales objetivos de la campaña electoral del año entrante, al mismo tiempo que pregonan las clásicas (y demagógicas) propuestas de “mano dura” en el mejor y bukeliano de los estilos, a fin de granjearse el apoyo de aquellos potenciales votantes que ven al vecino país como “modelo” a seguir.

Todos sabemos que las denuncias que hizo Foppa de asuntos como la corrupción en el sistema penitenciario (como la fuga de los veinte mareros que llevaron a la destitución del exministro Jiménez) o la más reciente acerca de los entretelones de lo sucedido en el municipio de Huité en donde acciones en las que un grupo de “mercenarios” que buscaban capturar a un capo de la droga (para cobrar la recompensa ofrecida por el gobierno norteamericano), a pesar del apoyo recibido tanto de la CIA-DEA como de fuerzas de seguridad nacionales, fracasó estrepitosamente dejando un sangriento rastro de muertos y heridos; o bien sus arriesgadas y audaces acciones cuando fue fiscal del Ministerio Público que permitieron el encarcelamiento y condena del jefe de la llamada mara 18 (el “lobo”) o su no menos audaz gestión al frente de la SAT obligando a la poderosa oligarquía de este país, acostumbrada a la evasión fiscal, a pagar los impuestos debidos. En fin, a lo anterior hay que añadir su desempeño como defensor de Jose Rubén Zamora – algo que llevó a Foppa a la cárcel en el marco del usual lawfare de fiscales corruptos del MP bajo la conducción de la señora Porras – o su intento de postularse para la alcaldía organizando un partido político que también fue visto como un peligro por el establishment provocando otra farsa persecutoria con cierre del comité pro partido y encarcelamiento de los organizadores.

Tener como enemigo al crimen organizado en torno al narcotráfico, al CACIF, a las maras y, por si eso fuera poco, a los agentes del Imperio molestos por ser puestos en evidencia, es una pesadilla digna de esos thrillers terroríficos a la que nos tienen acostumbrados los canales de streaming. A eso agreguemos que no cabe duda que una policía nacional civil –que no se encuentra precisamente en las mejores manos– muy probablemente hizo llegar a los esbirros los pormenores acerca de los desplazamientos cotidianos de la víctima, tanto es así que de lo contrario es del todo inexplicable el ridículo montaje realizado en busca de chivos expiatorios en donde un par de repartidores de pedidos de alimentos a domicilio estuvieron a punto de ser inculpados del atentado criminal que cobró la vida de Foppa y de Gustavo Adolfo Aguilar y tendremos un cuadro realmente patético de todo lo ocurrido.

En tales circunstancias es claro que la solución no está en pedirle la renuncia al presidente Arévalo –como ha hecho el columnista de Prensa Libre Pedro Trujillo– entre otras razones porque no hay ningún motivo para suponer que la señora Vicepresidenta dispondría de mejores medios para averiguar lo ocurrido que los que ya se encuentran a disposición del Estado y que cualquier persona que se encuentre al frente del poder Ejecutivo tiene la obligación de utilizar. En lo que sí tiene razón Trujillo es en decirle al presidente que el crimen le perdió el respeto. Por eso mismo, para recobrarlo, el desafío que enfrenta Bernardo Arévalo consiste en ejercer el liderazgo apropiado para que sean las instituciones designadas para estos fines las que se encarguen de realizar las investigaciones correspondientes. El Ministro de Gobernación tiene que depurar a la Policía Nacional Civil averiguando quien o quienes ordenaron el montaje que buscaba distraer la atención de los verdaderos responsables. Hay medios técnicos para hacerlo incluyendo las fotografías que se tomaron de los presuntos asesinos que han circulado en redes sociales, además de la revisión de las cámaras de vigilancia. También reiteramos que hay que sancionar a quienes resulten responsables de esa burda maniobra distractora con que la policía pretendió engañar a una indignada opinión pública, depurando y sancionando a las autoridades policíacas que resulten responsables.

Por su parte al MP le corresponde investigar quienes fueron los hechores materiales e intelectuales de este crimen nefasto, y esa, sin duda, es la tarea más difícil y compleja que enfrenta el presidente Bernardo Arévalo, su verdadero desafío crucial porque esta vez no existe la excusa del temor a las resoluciones de una Corte de Constitucionalidad cooptada por el pacto de corruptos, temor que en el pasado impidió a Arévalo desde rechazar la indebida injerencia de la CC en el organismo Legislativo cuando la suspensión de Semilla o la defenestración de la junta directiva presidida por Samuel Pérez, hasta la supuesta intromisión en la autonomía de instituciones como la Usac o el Banguat como si a estas se les pudiera permitir actuar como “Estado dentro del Estado” de modo que el mismo Jefe de Estado no puede intervenir en ellas. Absurdo.

En síntesis, la única forma que tiene el Gobierno de la República, y el presidente Arévalo, de evitar que el atentado criminal que cobró la vida de Juan Francisco Solórzano Foppa y del deportista Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro sea considerado como un crimen de Estado consiste en que, como dice Francisco Leal, un distinguido miembro y colaborador del Frente Amplio por la Democracia (FAD) en un artículo reciente, el presidente emplee su autoridad (no el poder) de modo tal que se tomen decisiones asumiendo responsabilidades del caso “pero sobre todo de la capacidad de lograr resultados”. Por el bien de Guatemala y de su legado histórico, este es el desafío que el presidente Bernardo Arévalo debe enfrentar y resolver. Así lo esperamos todos.