A solicitud del Ministerio Público, que dirige la fiscal general María Consuelo Porras, el Juzgado Segundo Penal B decidió cerrar la investigación en contra de la exdirectora del Instituto de la Víctima, Alejandra Carrillo. Un entramado de tráfico de influencias por contrataciones de personal bajo la fachada de lo que establece la ley, según la pesquisa, pero bajo los criterios de un apadrinamiento de funcionarios y exfuncionarios de los organismos Ejecutivo, Judicial y Legislativo.

Por otra parte, Stuardo Campo, exjefe de la Fiscalía contra la Corrupción —la unidad que abrió la carpeta—, se encuentra encarcelado desde diciembre de 2023 por dos casos señalados de persecución política a manos de Porras. Asimismo, Eduardo Pantaleón, auxiliar fiscal que tuvo a cargo el caso, fue detenido y tras varios meses venció en juicio la débil acusación del MP. Ambos se suman a una treintena de operadores de justicia perseguidos por investigar corrupción durante el gobierno del expresidente Alejandro Giammattei.

VAMOS, MARTÍNEZ Y LAS CONTRATACIONES

Un reportaje de La Hora de 2021, reveló que de 48 expedientes presentados para igual número de plazas, 13 personas fueron contratadas a pedido de distintos diputados del entonces partido oficial Vamos por una Guatemala Diferente (VAMOS) —con el que llegó Giammattei a la presidencia—.

Además, una declaración que rindió la exasesora de Carrillo, Evelyn Vega, al MP señaló que en 2020 el Instituto de la Víctima lanzó una convocatoria para contratar a profesionales de distintas ramas. Según las pesquisas, el operador de VAMOS detrás de las contrataciones apuntaba a Miguel Martínez, pareja de Giammattei y exdirector del Centro de Gobierno, sancionado por EE. UU. bajo la Ley Magnistky por incurrir en actos de corrupción.

El 14 de agosto 2020, en una llamada telefónica entre Carrillo y Giammattei, el mandatario le habría dado la instrucción que todo lo relacionado con las contrataciones de los candidatos del partido VAMOS se trataría con Martínez, menciona la publicación de este diario.

Entre las capturas de pantallas de los chats que constan en la investigación y a los cuales tuvo acceso La Hora sobresale una conversación de WhatsApp con fecha 23 de agosto de 2020. Carrillo expresaba su molestia en torno a la actitud de Martínez y las presiones ejercidas para sacar a su hermana, por lo que aseveró:

“¿Quién recibió los expedientes del HDP del Miguel Martínez? A la Kelly le dijeron que era correspondencia de Casa Presi. Que el HDP viendo como saca a mi hermana, y diciendo que me dejen Q20 M de presupuesto porque no cumplí. Vos sí a él fue al que más se le contrató”, se lee sobre una amenaza que sería de Martínez a Carrillo de reducirle el presupuesto al Instituto por medio del Congreso.

Las distintas comunicaciones de la red de recursos humanos para poner a los apadrinados quedaron registradas en un grupo de dicha red social bajo el nombre de “Grupo Revisor”. Según las capturas de pantalla, Carrillo giraba instrucciones en donde subrayaba que no quería que se contrataran a «chairos» en relación con personas que provinieran de oenegés.

De acuerdo con las pruebas, en dicho grupo, Carrillo ordenó manipular los resultados de exámenes o excusar malas recomendaciones para que no fueran contratados. Ese equipo también propuso otras alternativas para que el proceso de contratación apuntara a ser transparente, mientras una maquinaría de favorecimientos se tejía detrás.

Asimismo, una de las conversaciones de la investigación entre Carrillo es con el exdiputado Jorge García Silva, sindicado en el caso Insivumeh por desfalcar a dicha institución por Q30 millones y quien se mantiene prófugo tras perder su inmunidad en enero pasado. Otro de los congresistas con los que la exdirectora sostuvo pláticas es Armando Castillo.

MP PIDE CIERRE DEL CASO

La Hora tuvo conocimiento sobre el cierre de la investigación y el MP confirmó la información. De acuerdo con el ente investigador, el caso fue desestimado porque «según el informe de la Contraloría General de Cuentas se determinó que todos los expedientes laborales cumplían con los requisitos en la convocatoria».

«El expediente se desestimó judicialmente, no en sede fiscal», subrayó el MP. Fue la Fiscalía contra la Corrupción, que dirige Raúl Figueroa, quien solicitó al Juzgado Segundo Penal B quien pidió la desestimación del caso.

Inicialmente, el caso estaba en el Juzgado Segundo Penal A, bajo el control de Virginia Amparo de León, pero Carrillo interpuso una recusación alegando una supuesta enemistad y de esa cuenta la carpeta judicial fue trasladada al despacho B, con la jueza Ruth Camey. Sin embargo, al estar suspendida por motivos de salud, fue la jueza suplente Sulma Yovana González Andrino quien conoció el pedido del MP y desestimó en abril pasado.

Pese a las decenas de conversaciones y la declaración testimonial de la exasesora de Carrillo ante el ente investigador, el MP aseguró a este diario que la Fiscalía no pudo determinar la participación de actores políticos señalados ni la de la exdirectora del Instituto de la Víctima.

«La denuncia no iba enfocada a plazas fantasma, sino a un posible tráfico de influencias, se denunciaba que supuestamente se había favorecido a personas recomendadas por diputados, lo cual luego de la investigación y del informe de la Contraloría General de Cuentas no se logró determinar», excusó el MP.

Luego de que Porras removiera a Campo al frente de la Fiscalía y Pantaleón de dicho caso, colocó a Raúl Figueroa como el nuevo jefe. En la misma unidad labora el esposo de la fiscal general, Gilberto de Jesús Porres de Paz, sancionado en la Lista Engel de Actores Corruptos y Antidemocráticos.

CONVERSACIONES Y EL LISTADO DE PLAZAS

A principios de año a La Hora llegó un listado de las personas que, según la pesquisa, estaban vinculadas a las plazas. Entre ellos, figuran los nombres de diputados de VAMOS, Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Unión del Cambio Nacional (UCN), TODOS, FCN-Nación, VALOR, Podemos y el actual presidente de la Corte de Constitucionalidad (CC), Néster Vásquez.

Esta es la lista íntegra de los actores políticos que apadrinaron a al menos 61 personas en el Instituto de la Víctima: