El titular del Ministerio de Gobernación (Mingob), David Napoleón Barrientos, junto a autoridades de dicha cartera informaron sobre la implementación del Control Telemático para las personas que se encuentran procesadas penalmente en Guatemala.

Dicho control es una alternativa a la prisión preventiva y consiste en un conjunto de sistemas electrónicos y técnicos de vigilancia que sirven para ubicar en tiempo real a sindicados o condenados que gocen de medidas sustitutivas.

MEDIDA SE CONCRETA TRAS SIETE AÑOS

El jefe de la cartera de Seguridad se pronunció sobre la dilatación de la implementación del control telemático, puesto que, en 2016, gobierno de Jimmy Morales, se aprobó el decreto que le dio vida jurídica a este sistema de vigilancia; sin embargo, no se implementó.

«Han transcurrido siete años desde la publicación del decreto 49-2016, del Congreso de la República, Ley de Implementación del Control Telemático en el Proceso Penal. Hoy se logra concretar el Control Telemático como un logro del gobierno de Guatemala», dijo Barrientos.

Cabe destacar que es hasta en el último año correspondiente al mandato de Alejandro Giammattei que se inicia la implementación del sistema de localización.

¿EN QUÉ CONSISTE EL CONTROL TELEMÁTICO?

Barrientos explicó que el dispositivo consiste en una tobillera que emitirá una señal permanente de la ubicación georreferenciada de su portador, la cual será recibida y monitoreada en el Centro de Control Telemático.

El ministro explicó que el incumplimiento de las disposiciones judiciales por parte de la persona portadora del dispositivo tiene como consecuencia la revocación de la medida sustitutiva, el pago de una multa y la inmediata captura, a criterio del órgano jurisdiccional que esté a cargo del caso correspondiente.

Un funcionario del Centro de Control Telemático del Mingob, señaló que el dispositivo es un rastreador de ubicación que permite geolocalizar en tiempo real a las personas que portan el mismo.

SANCIONES POR DESTRUCCIÓN

El decreto 49-2016 establece que el dispositivo será financiado por el sindicado, sancionado o condenado.

Sin embargo, un juez competente podría ordenar que el dispositivo sea brindado de manera gratuita a la persona, con base en un estudio socioeconómico.

«Si la persona destruye el dispositivo y se comprueba que lo hizo de forma dolosa (con intención), se revocarán los beneficios otorgados y se ordenará inmediatamente su aprehensión para que guarde prisión preventiva», consta entre las sanciones que contempla la ley.

Además, esa acción es considerada como delito y las penas contempladas van desde 5 a 10 años de prisión y multas entre los Q25 mil a Q50 mil, según el artículo 10 de la normativa.

PROYECTO ESTÁ VALORADO EN Q110.4 MILLONES

En febrero de este año, y después de cuatro intentos, el Mingob finalmente adjudicó el proyecto a la empresa Tecnología, Acceso y Seguridad S. A., por un total de Q110 millones 367 mil 144.

Los recursos erogados consisten en el pago por arrendamiento de 2 mil dispositivos que integrarán el sistema de control telemático.