El proyecto de renovación del estadio Doroteo Guamuch Flores enfrenta la posibilidad de quedar detenido durante seis o incluso siete años, según advirtió el diputado Jairo Flores, quien responsabiliza a la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) por no haber actuado con las herramientas legales disponibles para evitar el incumplimiento del contrato.

El congresista afirmó que la falta de decisiones oportunas ha llevado el proyecto a una situación crítica que podría mantener inutilizado el principal recinto deportivo del país por un periodo prolongado.

Señalamientos a la CDAG por falta de acciones

Flores indicó que la CDAG tenía la facultad de rescindir el contrato desde hace meses, pero no lo hizo, pese a evidencias claras de atraso. “Aquí tenemos un problema serio, porque la CDAG debió actuar hace mucho tiempo… no hicieron su trabajo de supervisión adecuado”, señaló. Según explicó, existía una cláusula que permitía la terminación unilateral, pero nunca se utilizó.

El diputado expresó que esta inacción implica un riesgo jurídico considerable: “Puede darse la situación de incurrir en que quede prácticamente paralizado por seis o hasta siete años”. Añadió que mantener el contrato activo hasta ahora dejó a la entidad casi sin margen de maniobra, lo que llevaría el caso a un escenario en el que solo queda negociar una “terminación de mutuo acuerdo” con la empresa, para evitar un proceso judicial que estancaría aún más el proyecto.

Anticipo entregado y obra con mínimo avance

El contrato, adjudicado por más de Q32 millones 400 mil, incluía el cambio de la gramilla y de la pista de atletismo. De acuerdo con el registro de Guatecompras, la fecha de inicio contractual fue el 6 de enero del 2025, mientras que el plazo de ejecución concluye el 5 de diciembre del 2025, por lo que el proyecto vence oficialmente el 6 de diciembre.

Pese a ello, según denunció la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), durante una citación el martes 2 de diciembre del 2025, la CDAG ya había entregado un anticipo de Q9.5 millones a la empresa Bremar.

Según el diputado Jairo Flores, a pesar de contar con ese pago inicial y con un plazo contractual definido desde comienzos del año, la obra del estadio presenta apenas un 30% de avance, muy por debajo de lo que debería haberse ejecutado a estas alturas.

“Ayer, el presidente de la CDAG nos dijo claramente que la obra no se va a entregar. Tendríamos que estar recibiendo como país el estadio terminado… y no lo vamos a tener”, afirmó el legislador, quien considera que este escenario evidencia “un proteccionismo claro y descarado a la empresa Bremar por parte de la CDAG”.

Las autoridades expusieron que la empresa no asistió a la citación al argumentar que “no contaba con autorización para presentarse”.

La rescisión del contrato fue emitida por la CDAG el 20 de noviembre y notificada a la empresa el día siguiente. En el documento se indica que el Comité Ejecutivo de la CDAG no autoriza la prórroga contractual de 11 meses solicitada por la constructora para concluir los trabajos de remodelación del estadio.

La CDAG también señala que el contrato queda rescindido en un plazo de diez días “en virtud de la negligencia o negativa en la entrega de la obra o los trabajos del contrato administrativo número 478, de fecha 28 de noviembre del 2024”.

Dos escenarios tras el vencimiento del contrato

Según el diputado Jairo Flores, al llegar la fecha de finalización del proyecto, el sábado 6 de diciembre, la CDAG se enfrenta únicamente a dos posibles escenarios.

El primero sería otorgar una ampliación de plazo a la empresa Bremar, algo que calificó como “nefasto” debido al mínimo avance registrado y al riesgo de prolongar aún más la paralización del estadio.

El segundo escenario sería alcanzar un acuerdo mutuo para rescindir el contrato, una salida que permitiría cerrar la relación contractual sin que la empresa alegue perjuicios, con lo cual se reduciría —aunque no eliminaría— la posibilidad de que el caso escale a un proceso judicial.

Riesgo de judicialización del proyecto

Flores aseguró que la CDAG decidió no actuar por temor a que la constructora llevara el caso a los tribunales. “Si actúan contra la empresa, la empresa podría judicializar el proyecto y estancar la obra por muchos años”, señaló. No obstante, afirmó que ese riesgo se volvió mayor por no haber tomado decisiones a tiempo, lo que dejó a la institución sin opciones más allá de una negociación directa con la constructora.

El diputado subrayó que desde mediados del año se sabía que la obra no avanzaría. “Desde mediados del año se sabía que no iban a cumplir… la obra ya estaba estancada y, aun así, esperaron a que venciera el contrato”, dijo.

Acciones pendientes

Ante este panorama, Flores indicó que la Contraloría debe iniciar las investigaciones correspondientes y determinar responsabilidades tanto administrativas como penales, tanto para funcionarios de la CDAG como para la empresa constructora. “Lo que toca ahora es que la Contraloría tome acciones penales contra funcionarios y contra la empresa”, afirmó.

Durante la citación, representantes de la Contraloría informaron que ya se encuentran preparando las acciones legales respectivas, y que el caso será trasladado a las instancias competentes una vez se concrete la finalización del contrato.

Otro contrato cuestionado en Petén

Además del estadio, los diputados también cuestionan otra adjudicación otorgada a Bremar: el contrato para el mantenimiento de una piscina en el complejo deportivo Maya, en Santa Elena, Petén, por Q1 millón 275 mil 341.30.

El proyecto fue adjudicado el 4 de octubre del 2025 mediante licitación pública.

A pesar de estar vigente y con un plazo de entrega fijado para el 11 de mayo del 2026, la obra no registra avances, lo que genera preocupación en la bancada.

Ante los casos expuestos por las autoridades, se enviaron consultas por correo electrónico para conocer la postura de la Constructora y Distribuidora Bremar ante los señalamientos, y se está a la espera de una respuesta por parte de la empresa.

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