Bastante se ha tardado la Corte de Constitucionalidad (CC) en abordar la amañada nómina para elegir magistrados del siguiente Tribunal Supremo Electoral (TSE), la cual no tiene solo uno, sino —al menos— seis recursos interpuestos en contra, por las obvias pestilencias que arrojan los truculentos métodos de votación, los laxos criterios —no propios de verdaderos académicos— y la inclusión de perfiles cuestionados por sus oscuros nexos y renegridas acciones. Esto puede parecer que no tiene mucho que ver con el paralelo proceso de designación de magistrados de la siguiente CC, pero la reelección de dos magistradas, el pasado martes, por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), compele a pensarlo de nuevo. Con un extraño método de votación reeligieron a dos magistradas de CC, una de ellas conspicua integrante de la lista Engel del Departamento de Estado de EE. UU.

El 18 de febrero, la Embajada de EE. UU. en Guatemala repudió, con mucha lógica y celeridad, la percudida lista del TSE. La CC hizo la finta de atender los cuestionamientos, pero esto sigue varado. El martes último sobrevino el mensaje presidencial en el cual se daba a entender una supuesta interlocución paralela en favor de ciertos perfiles para la CC. A criterio de varios sectores, fue una declaración emocional e imprudente que expuso al mandatario y al país mismo, y puede vulnerar las actuales relaciones con aquella nación.

En todo caso, el encargado de Negocios de EE. UU., John Barrett, reiteró el absoluto respeto de su país por los procesos de designación en marcha en Guatemala, pero bajo la misma advertencia que hizo con el TSE: “No vamos a tolerar que haya contaminación de narcotraficantes y crimen organizado”. Y la CSJ eligió como lo hizo. El Congreso no sesionó, debido a un evidente boicot de algunos integrantes de la Junta Directiva.

Lo cierto es que varios bloques de oposición, miembros del anterior bloque oficialista, ya se frotaban las manos con fruición ante otra inminente reelección, aparentemente ya resuelta y sin obstáculos. Manotazos, cabildeos reactivos y movimientos en las aguas de vasos comunicantes llevaron a bloquear la sesión, utilizando viejas estrategias legislativas, usadas durante varias legislaturas pasadas por diversos grupos de poder en turno y criticadas por los actuales oficialistas cuando no ostentaban el poder ni tenían en sus manos la opción de negociar y capitalizar aliados de formas no ortodoxas.

Ante eso, anoche la CC —cuyos integrantes que aspiran a reciclaje tienen un obvio conflicto de interés— otorgó un amparo para que la plenaria de hoy no solo se concrete, sino que se proceda con la votación para elegir magistrados constitucionales, pues la integración del alto tribunal para el período 2026-2031 no es un trámite administrativo más: es la decisión que marcará la correlación de fuerzas y el equilibrio institucional de Guatemala durante los próximos cinco años. Y lo que está en juego no podría ser más crítico.

Aunque existe tiempo para cumplir con la renovación de la CC, el Congreso tiene hoy la responsabilidad ante la ciudadanía de tomar una decisión correcta, apegada a los intereses nacionales y no a los sectarios, y por ello no deben atender las promesas de pagos anticipados de favores ante eventuales casos judiciales, como tampoco sucumbir a ofrecimientos de pagos con obras y presupuesto. Deben atender solamente a Guatemala, que necesita una CC integrada por juristas de probada trayectoria, independencia y compromiso democrático. No podemos permitir que este alto tribunal, guardián de nuestra Constitución, sea colonizado por intereses espurios.