En cuestión de segundos el bus pasa a gran velocidad, choca contra dos vehículos y luego cae en un precipicio de unos 40 metros. La cauda del accidente ocurrido en la calzada de la Paz, zona 6 capitalina, es de 55 personas muertas y varias heridas. Madres, padres, hijos, abuelos, toda una tragedia para decenas de familias que de la noche a la mañana pierden a sus seres queridos. Este hecho cala en lo más hondo de nuestros sentimientos porque son vidas humanas que se extinguen por la irresponsabilidad de los transportistas y de las autoridades encargadas de regular el transporte extraurbano de pasajeros. ¿Imprudencia del conductor que iba a excesiva velocidad o fallas mecánicas? La causa pudo ser cualquiera de esas circunstancias porque este drama nacional ocurre una y otra vez sin que existan autoridades que puedan detener las irregularidades en que funciona este tipo de transporte.

En el país existen más de 21 mil buses de transporte extraurbano que circulan legalmente y un número no determinado en forma ilegal. Un alto porcentaje de ese parque son automotores que rebasan los 30 años de vida útil, lo cual los convierte en potenciales cajas fúnebres. A la fecha no existe ninguna revisión técnica obligatoria para conocer el estado en que se encuentran los autobuses en cuanto al motor, frenos y llantas, mucho menos para determinar la calidad de asientos en los que van los pasajeros. Siempre que se ha tratado de establecer regulaciones, son los transportistas quienes se oponen y amenazan con paro de buses si los cambios entran en vigor. También rechazan que las unidades cuenten con reguladores de velocidad para que no superen los 80 km por hora. La razón es muy sencilla: los propietarios permiten que los conductores manejen a excesiva velocidad para que puedan realizar el mayor número de viajes, lo cual les deja más ganancias.

Un reportaje publicado esta semana por Prensa Libre revela que buena parte de la flotilla de buses extraurbanos es comprada en subastas de descarte y chatarra en EE. UU., donde pueden encontrarse gangas hasta de US$18 mil por unidad. Prefieren adquirirlos en la Costa Este de EE. UU. porque son más baratos, debido a que soportan duros inviernos que les corroen el chasis. Los buses que ya no sirven en el norte son reparados en talleres locales, en los cuales les colocan turbos y barras estabilizadoras para aumentar la velocidad. Les cambian el sistema de inyección para darle más fuerza al motor y reemplazar la caja de cinco velocidades para colocarle otra de 10. Eso permite que los autobuses de transporte de personas puedan correr entre 120 y 150 km por hora. Esta situación explicaría por qué los propietarios de estas unidades se oponen a los reductores de velocidad, porque les arruinaría el negocio, ya que tratan a las personas como si fueran ganado.

Debido a que no se observa una actitud enérgica de las autoridades, principiando por el presidente Bernardo Arévalo, en las carreteras del país se observa cómo los conductores de camionetas extraurbanas insisten en manejar a alta velocidad y llevar pasajeros colgando de las puertas. No se trata solo de lamentar las muertes ocurridas el pasado lunes y entregar dinero a los deudos. Se trata de poner un alto a los desmanes que ocurren en este transporte, que debe pasar por la reforma del Reglamento de Transporte Extraurbano de Pasajeros, cambio de funcionarios por otros que sí cumplan su función, además de que se prohíba la circulación de vehículos que superen los 25 años de vida útil, la revisión obligatoria del estado de las unidades, la colocación de reductores de velocidad y el control de los conductores que circulan a alta velocidad. Como los funcionarios van en sus cómodos vehículos o por vía aérea a la provincia, no se preocupan por la forma en que se transportan las personas de a pie.