El presidente Donald Trump y sus principales colaboradores han dicho que los carteles de la droga representan uno de los peligros más acuciantes para Estados Unidos y han prometido erradicarlos del hemisferio occidental. Como parte de ese esfuerzo, Trump señaló el sábado que estaba intensificando su campaña contra los carteles al decir en un mensaje, en las redes sociales, que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores debería considerarse “cerrado en su totalidad”. Menos de 24 horas antes, Trump había anunciado en las redes sociales que le concedería un indulto total a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras condenado en Estados Unidos por cargos de narcotráfico, un caso que se consideró una gran victoria para las autoridades, al procesar a un ex jefe de Estado. El indulto aún no se ha concedido oficialmente.

Las dos publicaciones mostraron una notable disonancia en la estrategia del presidente, ya que procedió a intensificar una campaña militar contra el narcotráfico, al tiempo que ordenaba la liberación de un hombre que, según dijeron los fiscales, había aceptado “sobornos financiados con cocaína” de los carteles y “protegido sus drogas con todo el poder y la fuerza del Estado: Ejército, Policía y Sistema Judicial”. De hecho, los fiscales dijeron que Hernández permitió, durante años, que ladrillos de cocaína procedentes de Venezuela atravesaran Honduras rumbo a Estados Unidos.

El senador Tim Kaine, demócrata por Virginia, calificó el indulto de “inconcebible” y dijo que las acciones de Trump eran una prueba más de una “narrativa falsa” en torno a su estrategia para combatir las drogas ilícitas. “Socava por completo la afirmación del Gobierno de que realmente se preocupa por el narcotráfico, y eso plantea la pregunta de qué está ocurriendo realmente con la operación de Venezuela”, dijo. El gobierno de Trump ha tenido dificultades para brindar una justificación estratégica clara de por qué ha acumulado una presencia militar tan numerosa en el Caribe. La mayoría de las veces, el presidente ha aludido a operaciones antinarcóticos, pero el tamaño de las fuerzas estadounidenses en la región sugiere ambiciones más grandes.

En privado, el presidente ha mostrado interés por las reservas de petróleo de Venezuela, mientras que él y sus colaboradores también han dicho que buscan derrocar a Nicolás Maduro. En un comunicado, Trump dijo que había concedido el indulto a Hernández porque “muchos amigos” se lo habían pedido, y añadió: “Le dieron 45 años porque era el presidente del país; se podría hacer esto a cualquier presidente”. (Después de que Trump dejó la presidencia la primera vez, fue declarado culpable de 34 delitos graves de falsificación de registros empresariales, relacionados con el reembolso del dinero pagado a la actriz porno Stormy Daniels para encubrir un escándalo sexual cerca de las elecciones presidenciales de 2016).

“Al asegurar la frontera y golpear a los narcoterroristas designados que trafican con drogas para matar a estadounidenses, el presidente ha hecho sin duda más que nadie para hacer frente al azote de las muertes por drogas ilícitas”, dijo en un comunicado Anna Kelly, una vocera de la Casa Blanca. En las últimas semanas, altos funcionarios han dejado claro que el Gobierno de Estados Unidos está enfocado en enfrentarse a los carteles de la droga del Caribe y Sudamérica. “Vamos a asegurarnos de que el pueblo estadounidense esté a salvo y protegido de la delincuencia transnacional organizada”, dijo a la prensa, a principios de mes, Stephen Miller, uno de los principales asesores de Trump. “Venezuela está dirigida por una red narcoterrorista que trafica con drogas, armas y también con seres humanos hacia Estados Unidos”.

Y poco más de dos horas después de que Trump anunciara el indulto a Hernández, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, publicó en las redes sociales: “Solo hemos empezado a matar narcoterroristas”. En los últimos meses, Estados Unidos ha estado aumentando su presencia militar en el Caribe, como parte de una campaña que, según ha dicho el Gobierno, tiene como principal objetivo detener el flujo de drogas en la región. Desde principios de septiembre, el ejército estadounidense ha lanzado dos decenas de ataques contra embarcaciones que, según afirma, transportaban drogas a Estados Unidos, en los que han muerto más de 80 personas. Pero el Gobierno aún debe detallar las pruebas de esas afirmaciones.

“Hernández fue condenado por conspirar para traficar 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos, y recibe un indulto”, afirmó Tommy Vietor, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional durante el gobierno de Obama, y que ahora es uno de los presentadores del podcast liberal Pod Save America. “Mientras tanto, estos individuos desconocidos que podrían o no ser pescadores o narcotraficantes —no lo sabemos, realmente—, son asesinados en alta mar. La política es absurda y descaradamente ilegal”. Trump también ha presionado intensamente a Maduro, el líder autoritario de Venezuela, mediante acusaciones de que es el jefe de una organización de narcotraficantes llamada Cartel de los Soles, aunque los expertos en asuntos criminales y de narcóticos latinoamericanos afirman que no se trata de una organización real.

Socava por completo la afirmación del Gobierno de que realmente se preocupa por el narcotráfico, y eso plantea la pregunta de qué está ocurriendo realmente con la operación de Venezuela

Tim Kane

Trump también ha autorizado acciones encubiertas de la CIA en Venezuela, y muchos funcionarios estadounidenses afirman en privado que su objetivo es expulsar a Maduro del poder. La decisión del presidente Trump de indultar a Hernández conmocionó a funcionarios en Honduras y Estados Unidos. Los fiscales habían pedido al juez que se asegurara de que Hernández, de 57 años, muriera tras las rejas, y para ello aludieron a su abuso de poder, sus conexiones con traficantes violentos y “la insondable destrucción” causada por la cocaína. Fue condenado a 45 años de prisión, y su condena se produjo en el marco de un amplio caso de drogas en el que varios extraficantes subieron al estrado como testigos del Gobierno. La familia de Hernández ha intentado presentar su condena como una persecución política, con miras de granjearse a Trump.

Pero gran parte de la investigación tuvo lugar durante el primer mandato del republicano, y uno de los principales investigadores del caso fue Emil Bove III, entonces fiscal del Distrito Sur de Nueva York y, más tarde, uno de los abogados personales del presidente estadounidense. Trump nombró a Bove alto funcionario del Departamento de Justicia en su segundo mandato, antes de nominarlo para que fuera juez de un tribunal de apelaciones. Ricardo Zuniga, quien fue vicesecretario adjunto principal de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, dijo que era “bastante evidente” que Hernández estuvo implicado en actividades delictivas a lo largo de varios gobiernos estadounidenses.

“Me sorprendería que no hubiera muchas personas en el espacio favorable a Trump —incluida la comunidad encargada de hacer cumplir la ley— que no estuvieran conmocionadas por esto”, dijo.