Hipótesis de “escuadrón de la muerte” en el “magnicidio” 

Hay muchas hipótesis sobre el vil asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa (JFSF), algunas ya fallidas o insostenibles, manejadas por el Mingob. El MP ha fallado también en cuanto a posibles autores intelectuales, porque es evidente que no fue un robo ni una equivocación de los sicarios. La orden era matar a JFSF.

Una hipótesis, basada en que fue un operativo militar tipo los miles de asesinatos cometidos por la G-2 del ejército durante el Conflicto Armado Interno, ubica su autoría en el aparato militar o paramilitar. Los ejecutores pudieron ser “pinches sicarios”, por un puñado de dólares, o miembros de “escuadrones de la muerte”, aún a disposición de sectores poderosos por su “eficiencia”. El operativo fue diseñado por expertos, y contó con apoyo de muchas personas más.

El plan necesitaba seguimiento a la víctima, para determinar rutinas y vulnerabilidades, lo que requería personas y vehículos. Los ejecutores necesitaban gozar de “protección”, igual a la que ofrecía la PN en los tiempos del conflicto -descrito en sus Archivos- en los numerosos casos de ejecución extrajudicial o desaparición forzada. Tal protección existió en este caso, con miembros de la PNC y otras agencias: no hubo cámaras ni agentes en las inmediaciones. Miembros de la seguridad pudieron brindar información, voluntaria o involuntariamente, y hasta los repartidores capturados pudieron haber tenido un rol distractor. La confusión posterior en torno a los supuestos ejecutores recuerda las múltiples argucias utilizadas para ocultar a los asesinos de Monseñor Gerardi. El libreto es el mismo que la CIA enseñó a los oficiales del ejército: dar el golpe certero con impunidad y luego generar confusión.

¿Cuál fue el motivo para esta ejecución extrajudicial? JFSF era una persona muy inteligente y muy informada, lo que le permitía denunciar las porquerías dentro del Estado guatemalteco y los responsables de las mismas. Por alguna razón, tenía acceso a mucha información pública y no pública y la interpretaba al combinarla con más datos. Así fue como denunció el “relajo” en torno a la reciente acción armada en Huité. La hipótesis plantea que la orden de actuar ahí, que debió haber sido ejecutada por la PNC, fue dada directamente al ejército por la Embajada, sin consulta al presidente, con el resultado de ocho personas muertas. A partir de ese momento se enturbiaron las aguas y terminó siendo despedido el jefe del Estado Mayor.

Los sectores contrainsurgentes en el ejército y en entidades como Fundaterror y Avemilgua se indignaron, y ofrecieron sus buenos oficios para castigar a quien había “destapado la olla”. Y la embajada autorizó el operativo, con lo cual es contraproducente pedir ahora apoyo del FBI y la CIA. Es urgente investigar de inmediato y sin restricciones a las entidades a cargo de ex militares. ¿Es el planificador miembro activo del ejército, un militar retirado o importado de otro país? Hay que investigar también la cadena de mando que lleve hasta quien dio la orden. Al gobierno le corresponde investigar y enfrentar vigorosamente a los victimarios; si no se rompe la impunidad, los hechos se repetirán indefinidamente.