Si a 41 policías los destituyen, con toda justificación, por acciones cuestionables que contravienen la razón fundamental de ser de sus cargos ¿qué hacer con al menos nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia que se quieren pasar de listos, de leguleyos, y abusan de sus cargos al extralimitarse en sus funciones constitucionales? El magistrado Estuardo Cárdenas puso en evidencia el abuso en una carta dirigida al Congreso, en la cual reitera su voto en contra de la acción de una mayoría de magistrados, perpetrada el 20 de agosto, al crear cuatro nuevas salas de Apelaciones con todo y nombres de titulares.

Es improcedente e ilícita la designación unilateral de 12 magistrados para las nuevas salas, ya que solo el Congreso tiene esa potestad. Sin embargo, se puede suponer que tales nombramientos de allegados, a dedo, presumiblemente apalabrados y apalancados, solo era para probar la temperatura del agua, para sopesar reacciones y tentar a la suerte. No importa si la votación fue mayoritaria por siete, ocho o nueve votos: aunque hubiese sido unánime —y no lo fue—, es un intolerable atentado contra la Constitución.

En este espacio se advirtió hace algunos días de que tan demencial abuso de funciones podía ser fruto podrido de la ignorancia o un acto doloso. Pero se trata de quienes conducen la justicia en el país, y eso lo hace aún más grave. Paradójicamente, las reacciones políticas e institucionales a este proceder tan burdo han sido timoratas, débiles e incluso con mutismos en clave de comparsa, sobre todo de aquellas bancadas que apadrinaron a varios de los magistrados actuales, quienes ahora pretenderían completar el golpe a la justicia con la creación de otras 13 salas y arrogarse la designación de 39 magistrados; es decir, 51 bazas para negociar privilegios, favores o prebendas.

Hasta ayer, solo dos diputados habían cuestionado el actuar de la Corte Suprema de Justicia. Al resto parece que solo le interesa cuando hay dinero en juego. Lo correcto sería convocar a una sesión plenaria extraordinaria para leer la carta del magistrado y abordar el asunto antes de que siga pateando y pisoteando el resto de la institucionalidad. Cabe anotar que existen magistrados de la CSJ con conocidos vasos comunicantes con operadores políticos y diputados en donde podrían encontrar cierto consentimiento cómplice, pero que se convertirían en accesorios de violación a la Constitución si evaden protegerla y hacerla cumplir como tienen jurado.

La Corte de Constitucionalidad ya debería haber actuado de oficio en este asunto, porque, de no hacerlo, estaría incumpliendo su razón de ser. Esta CC, tan purista en otros casos de menor importancia, está llamada a requerir información inmediata al pleno de magistrados de la CSJ para frenar este atentado contra la administración de justicia y contra la Carta Magna; por ende, se debe desautorizar toda designación ilegal, certificar lo conducente y exhortar a que desde el Congreso se proceda a designar las magistraturas necesarias.

El artículo 217 constitucional sentencia: “Los magistrados titulares a que se refiere este artículo serán electos por el Congreso de la República, de una nómina que contenga el doble del número a elegir”. El 218 es clarísimo: “La Corte de Apelaciones se integra con el número de salas que determine la Corte Suprema de Justicia, la que también fijará su sede y jurisdicción”. No dice nada de designar magistrados en ningún caso. Y ello hace más evidente el conflicto de interés con riesgo de ulteriores tráficos de favores. Es una verdadera decepción que la CSJ en que se depositaron tantas esperanzas afrente de esta manera a los guatemaltecos.