El silencio del presidente Bernardo Arévalo sobre los trágicos hechos ocurridos en Huité, Zacapa, es cada vez más atronador. Han transcurrido 12 días desde la sangrienta noche del 27 de septiembre y todavía se ignora quiénes eran los hombres armados que irrumpieron en la localidad, quién los envió, qué pretendían y por qué dispararon contra víctimas civiles. Aun es más grave que el Estado aparentemente desconozca lo ocurrido.

Ocho personas fueron asesinadas, lo que significa una masacre. Una madre y sus dos hijas están entre las víctimas. Los atacantes fueron más de 20 hombres con indumentaria militar, así como la participación de dos helicópteros. O sea, fue el despliegue de una fuerza militar de gran capacidad. ¿Cómo es posible que un gobierno no pueda esclarecer lo que pasó en una población que está a 121 kilómetros de la capital? Este suceso evidencia el fracaso de la inteligencia estatal o la existencia de algún interés por encubrir lo ocurrido.

El comunicado de la Policía Nacional Civil, fechado un día después de la incursión, señala que las acciones violentas se efectuaron en tres áreas de la localidad y adelanta una hipótesis: “Estos hechos forman parte de acciones planificadas por estructuras criminales que operan en el área, con la intención de generar zozobra e inestabilidad en la región”.

En el caso del Ejército, primero negó que sus fuerzas hubieran participado. Luego reconoció que envió unidades castrenses a Huité, aunque supuestamente no habrían ingresado al poblado. Tres días después, Arévalo admitió la presencia militar y anunció una investigación para determinar el papel desempeñado por los soldados. El mandatario ordenó que las pesquisas las realizara la institución armada, pese a su presunto involucramiento. Lo correcto hubiera sido que tal investigación la hiciera una comisión independiente para que su informe tuviera credibilidad.

Cuando el mandatario recibió el reporte militar dijo que lo había cursado al Ministerio Público y volvió a guardar silencio sobre los hechos. ¿Es un secreto de Estado? ¿Por qué le pesa aclarar lo ocurrido? Arévalo llegó a la Presidencia con la promesa de impulsar instituciones más transparentes, más confiables y sometidas a la ley. Sin embargo, con esta masacre pareciera seguir el camino de la opacidad.

El trasfondo de estos hechos tiene serias implicaciones para el Estado. Si se trató de una disputa entre narcotraficantes, significa que la inteligencia militar está por los suelos. Además, muestra el poder del crimen organizado, que puede actuar en forma impune, frente a la ausencia del Estado. Si fue un dispositivo para capturar al presunto narco Haroldo Lorenzana, revela la existencia de filtraciones.

Ahora bien, si se trató de un operativo en el que habría participado el Ejército, la situación se complica: elementos del Estado habrían cometido ejecuciones extrajudiciales contra la población civil indefensa. La historia del país está sembrada sobre múltiples masacres y la impunidad de quienes las cometieron.

Al presidente Arévalo no se le puede pedir que conozca de antemano quién disparó cada bala. Sí se le puede exigir que sepa qué hicieron sus instituciones, quién las coordinó y qué medidas tomará para evitar que estos hechos vuelvan a ocurrir. Pero desde ningún punto de vista justifica que el mandatario guarde silencio. Si no sabe qué ocurrió, tiene un serio problema. Si sabe qué ocurrió y mantiene el hermetismo, eso se llama encubrimiento. Un mandatario democrático debería entender algo muy sencillo: la transparencia no debilita la investigación; la opacidad sí debilita al gobierno.