Una acción de inconstitucionalidad contra el decreto 7-2025, que contiene la Ley de gasto exprés para los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), aprobada por el Congreso en octubre del 2025, fue presentada ante la Corte de Constitucionalidad (CC) por los abogados Edgar Ortiz, Gregorio Saavedra y Luis Fernando Bermejo, quienes consideran que el decreto viola abiertamente la Constitución.

La acción legal fue presentada luego de que el tribunal constitucional suspendiera provisionalmente la entrada en vigencia del Presupuesto General de Ingresos y Egresos para el presente año.

El abogado Edgar Ortiz aseguró que, aunque la decisión de la CC de suspender el presupuesto del 2026 es “positiva”, resulta insuficiente si el decreto 7-2025 permanece vigente, ya que este otorgaría autonomía presupuestaria a los Consejos de Desarrollo sin control alguno.

Ortiz indicó que la Constitución establece que el presupuesto del Estado es anual y debe ser aprobado cada año por el Congreso. En ese sentido, la ley de gasto de los Codedes permitiría prorrogar automáticamente los saldos no ejecutados hacia el 2026 y el 2027, lo que eliminaría el control político y presupuestario del Legislativo. “Esto representa un riesgo, tomando en cuenta que el 2027 será electoral”, afirmó el jurista.

“Para darles un ejemplo, si este decreto quedara vigente, se apruebe o no el presupuesto en 2027 —¡oh, sorpresa!—, año electoral, significa que los Consejos de Desarrollo tendrían no solo el saldo aprobado por el presupuesto, independientemente de que en el 2026 se apruebe o no, sino que además los fondos no gastados”, indicó Ortiz.

También aseguró que esta situación podría tener mayores repercusiones debido a que el “bolsón histórico de fondos” disponible en el 2027, año electoral, podría superar incluso el presupuesto de varios ministerios del Ejecutivo.

Ortiz subrayó que, además de romper con la anualidad del presupuesto, el decreto 7-2025 viola otras disposiciones en detrimento de la calidad del gasto.

“La ley de Codedes rompe con la anualidad del presupuesto, pero también viola otras disposiciones porque el artículo tercero de este decreto prevé que todos aquellos trámites que ejecuten los Codedes frente a Segeplan, Conred y otras dependencias se aprueban automáticamente al transcurso de cinco días. O sea, no solo es un bolsón de gasto excesivo en violación de la Constitución, sino que además estamos hablando de cero calidad del gasto”, indicó.

Ortiz añadió que, junto a sus colegas, ya habían analizado el proyecto de presupuesto 2026, identificando varios artículos potencialmente inconstitucionales, y tenían previsto presentar impugnaciones una vez entrara en vigencia. Sin embargo, la suspensión provisional decretada por la CC cambió “la estrategia” y por ello se tomó la medida de presentar la acción contra el decreto 7-2025.

“Es una victoria parcial. El Congreso y los poderes locales no necesitarían aprobar otro presupuesto más si este decreto queda aprobado, pues los fondos se prorrogarían automáticamente. Por esa razón hoy atacamos únicamente el 7-2025, bajo el entendido de que el presupuesto ha quedado en suspenso”, afirmó Ortiz.

El jurista también considera que es sumamente riesgoso otorgar una gran cantidad de fondos a los Codedes, de quienes no se conocen sus autoridades y que tampoco fueron electos por la ciudadanía.

“Es un atentando contra nuestra Constitución concederles un presupuesto ilimitado, sin control del Congreso a entidades – Codedes – que nadie conoce y que no fueron elegidas por nadie”, puntualizó.

Segeplan aún no aprueba proyectos bajo ley de Codedes

Hasta finales de noviembre del 2025, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) reportó que no se tenía aprobado ningún proyecto bajo esa normativa.

El decreto 7-2025 establece plazos límite para que las instituciones emitan los avales de las obras que financiarán los Codedes. La ley también indica que, si no hay respuesta en los términos establecidos, se dará vía libre para que el proyecto avance.

En su momento, Segeplan indicó que la Ley de gasto exprés de los Codedes se aplica a las solicitudes ingresadas después del 17 de octubre —cuando entró en vigor—. En ese sentido, aseguró que no se ha emitido ninguna opinión técnica bajo el criterio del silencio administrativo positivo para avalar proyectos.

“Aquellas solicitudes que ya estaban en trámite hasta el 16 de octubre se regirán por los plazos ordinarios que se venían aplicando. Esto quiere decir que el decreto regirá únicamente para los proyectos ordinarios que se ejecutarán en el 2027 y para los extraordinarios o de otra fuente que ingresen al Sistema Informático Nacional de Inversión Pública (Sinip) después del 17 de octubre del presente año”, se indicó por parte de Segeplan.

Según lo establecido en el decreto 7-2025, se da un plazo máximo de cinco días para que tanto Segeplan como las entidades encargadas de autorizar las obras emitan una respuesta positiva o negativa. También se indica que, si no hay respuesta después de ese plazo, las municipalidades podrán continuar con los procesos de ejecución sin necesidad de opinión técnica.

Los ministerios encargados de dar los avales para obras y proyectos de los Codedes son los de Comunicaciones, Educación, Salud, Agricultura, Ambiente y Cultura, así como la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).