El Congreso envió a las comisiones legislativas correspondientes dos de tres iniciativas de ley destinadas al combate de las pandillas o maras. Las propuestas sugieren una millonaria reasignación de recursos para fortalecer la estrategia de investigación y persecución penal.

Estas iniciativas se justifican como una respuesta legal al aumento de extorsiones, homicidios y otros delitos vinculados con esas estructuras criminales.

Las tres propuestas fueron presentadas por el diputado Ronald Portillo, del bloque Vamos, y respaldadas por congresistas de otros partidos, que también firmaron los proyectos.

“Son de vital importancia para la población guatemalteca. Las maras han excedido la capacidad del Estado y son urgentes las medidas para fortalecer el combate frontal”, dijo Portillo durante la pasada sesión plenaria.

A grandes rasgos, Portillo explicó algunos puntos abordados por dos de sus tres propuestas de ley contra las pandillas. Ambas fueron leídas ante el pleno y enviadas a discusión a las comisiones para su eventual dictamen.

“Buscan tipificar nuevos delitos y agravantes para imponer penas más severas y evitar que los cabecillas sean beneficiados por un juez y salgan de prisión. Asimismo, proponemos dotar de recursos a cada institución que atiende este fenómeno”, señaló.

Iniciativa 6582

Se titula Ley para el Financiamiento al Combate contra las Maras y Pandillas. Consta de cinco artículos y propone una reasignación total de Q6 mil millones para el combate a estos grupos criminales.

“Requieren una inyección extraordinaria de recursos que permita optimizar su operatividad mediante personal técnico calificado, infraestructura adecuada y tecnología de vanguardia, asegurando investigaciones robustas, procesos judiciales ágiles y centros penitenciarios seguros con enfoque rehabilitador”, indica el documento.

Cada una de las siguientes instituciones recibiría un aporte adicional de Q500 millones: Organismo Judicial, Policía Nacional Civil, División Especializada en Investigación Criminal, Sistema Penitenciario, Ministerio Público y la Secretaría de Bienestar Social.

De aprobarse, el Ministerio de Finanzas tendría 30 días para distribuir los recursos. Esta iniciativa fue enviada a las comisiones de Finanzas y Reformas al Sector Justicia.

Iniciativa 6581

Esta segunda propuesta, enviada a las comisiones de Gobernación y Reformas al Sector Justicia, se denomina Ley para el Fortalecimiento al Combate de las Maras o Grupos Criminales Organizados y contiene 28 artículos.

Plantea tipificar el delito de sicariato agravado por pertenencia a maras, con penas que podrían alcanzar hasta 50 años de cárcel si la víctima es menor de edad o miembro o extrabajador de las fuerzas de seguridad, entre otros agravantes.

La propuesta también considera herramientas especiales para la investigación, debido al nivel de sofisticación, financiamiento y organización de estas estructuras criminales.

Asimismo, busca facultar al juez para suspender o cancelar productos bancarios ante sospechas de que sean utilizados para extorsionar o financiar actividades criminales.

Análisis técnico

Para Javier Monterroso, analista en seguridad y exsecretario del Ministerio Público, estas propuestas deben analizarse con profundidad, ya que aumentar las penas no siempre es una solución efectiva contra las pandillas.

“Esto es solo populismo punitivo. No ha funcionado. Se ha demostrado que lo que sí funciona es una investigación efectiva, un sistema de justicia sólido y un sistema penitenciario que resguarde a personas peligrosas y permita la reinserción”, opinó.

A su juicio, estas propuestas deben ir acompañadas de estrategias adicionales que generen un enfoque integral.

“No basta una pena. Se requiere investigación científica. En 2009 bajaron los homicidios, no solo porque aumentaron las condenas, sino porque había más organización, el Inacif ya funcionaba, y existía la Ley contra el Crimen Organizado”, añadió.

Por su parte, Alejandro Quinteros, analista político independiente, cree que estas herramientas responden a la necesidad social de seguridad, acentuada por el reciente aumento de la actividad criminal atribuida a las pandillas.

“Deben desarrollarse técnicamente, para que no se queden en simples discursos. Es necesario considerar la Constitución y las leyes vigentes para que estas iniciativas realmente fortalezcan el sistema legal”, señaló.

Quinteros consideró prioritario garantizar la seguridad del ciudadano y de los agentes de seguridad, incluso por encima del agresor.

“La forma en que se entienden los derechos humanos, desde una lectura proteccionista, impide actuar a las autoridades y al ciudadano por temor a ser juzgados. En ocasiones, el criminal termina siendo la víctima”, concluyó.

Iniciativa 6411

Con 13 artículos, esta es la única de las tres que no fue enviada a comisión. Se presenta como Ley de Reformas al Sector Justicia para la Protección Ciudadana.

Incluye respaldo legal para que las fuerzas de seguridad puedan actuar en legítima defensa y utilizar la fuerza, si fuera necesario, para garantizar la protección ciudadana.

“Tiene por objeto actualizar las disposiciones legales que regulan causas de justificación o eximentes de responsabilidad penal, para que las fuerzas de seguridad puedan actuar en defensa de la población, garantizando condiciones justas para el desempeño de sus funciones”, se lee en el texto.

La iniciativa pretende ampliar las facultades de las fuerzas de seguridad, considerando que el Código Penal vigente está desactualizado respecto de conceptos como el ejercicio legítimo del cargo, la legítima defensa y el estado de necesidad.