Los dos riesgos significativos ante el triunfo de Trump en Estados Unidos son la disminución, aunque no desaparición, del apoyo a la lucha contra la cooptación de la institucionalidad estatal que aún vivimos y los efectos de la posible deportación masiva de migrantes.

La nueva coyuntura que se inicia a partir del triunfo de Trump, requiere respuestas construidas y asumidas mediante acuerdos nacionales.

En primer lugar, debo reconocer que hablar de “acuerdos nacionales” puede resultar un maximalismo, sabiendo los niveles de polarización existentes en el país. Sin embargo, esa indiscutible realidad no puede llevarnos a abandonar el propósito de lograrlo.

Analicemos dichos riesgos a partir de la siguiente perspectiva. 

El primero, como ya lo dije, se refiere a que Trump con su visión hacia adentro de su país, no tendrá la voluntad de gastar energías en “apoyar la democracia” en Guatemala. Por consiguiente, en la lucha contra la cooptación de la institucionalidad que sufrimos poco podemos esperar del nuevo gobierno gringo. Las presiones hacia el Ministerio Público, las cortes y los diputados difícilmente continuarán de la manera, por cierto poco eficaz, que la hemos visto en los últimos tiempos. Eso no significa que las redes político criminales vinculadas al crimen organizado transnacional vayan a ser toleradas por los Estados Unidos.

El segundo riesgo se refiere a los efectos que tendría para nosotros una amplia acción represiva inmediata contra los migrantes “indocumentados” con la cual Trump intentaría fortalecer su legitimidad porque estaría mostrando ante los estadounidenses una decisión coherente con la xenofobia existente hacia los migrantes, la cual ha sido malignamente estimulada, convirtiéndola en una de las principales banderas del trumpismo, presentándola como la causal de los principales problemas que en ese país se viven.

El gobierno y la ciudadanía (obviamente sin contar con las redes político criminales), deberíamos converger en la estrategia para enfrentar ambos riesgos.  Esto sería posible si se comprenden las consecuencias que su concreción significaría de manera inmediata y a mediano plazo. Nadie, excepto las redes político criminales referidas, se podría beneficiar si dichos riesgos se concretan. Debería haber una comprensión sobre la inminencia de que esto suceda.

Las redes político criminales terminarían dominando a los ingenuos aliados que pudieran presentarse, tal el caso de los empresarios temerosos ante un gobierno progresista que eventualmente “sacara las uñas” y les afectara sus intereses. Esta es una vana preocupación porque todas las evidencias claramente muestran que el Presidente Arévalo no va en tal dirección, no porque no pueda, sino porque su pensamiento ideológico y político es sumamente moderado.

Y con relación al riesgo de una política migratoria agresiva, la deportación significativa de migrantes “indocumentados” tendría el doble efecto que ya se ha expresado reiteradamente. Los efectos sociales de la disminución de las remesas serían dramáticos.  Ellas constituyen aproximadamente el 20% de nuestra economía, porcentaje que tiene una distribución popular, no como la que caracteriza al modelo económico excluyente y concentrador que predomina. 

Pero, además, el país no está en condiciones de asimilar ese retorno eventualmente masivo.  Ante esta muy probable contingencia, el esfuerzo nacional debería estar no solo en atender las urgencias del retorno que los deportados tendrían, sino que fundamentalmente al impulso de una política de desarrollo territorial con acciones inmediatas y eficaces, particularmente en las áreas rurales de donde han salido los migrantes, Una que logre crear en corto plazo opciones para esa población y para todos los que en dichos territorios habitan. Por consiguiente, el impulso del desarrollo rural territorial se vuelve ahora una necesidad urgente, alrededor de lo cual habría que construir acuerdos.