Durante la segunda semana de diciembre se espera entregar a la Secretaría General de la Presidencia la iniciativa de ley que busca crear un nuevo operador del aeropuerto y deslindar a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), con el fin de mejorar la competitividad aeroportuaria del país.

La iniciativa para llevar a cabo esta separación comenzó a diseñarse en el 2024, al identificarse las brechas de cumplimiento respecto de las normas internacionales de aviación, explicó Fernando Suriano, viceministro de Transporte del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).

A partir de ello, se buscará constituir el “Operador Aeroportuario de Guatemala”, una entidad autónoma que estará a cargo no solo de los aeropuertos La Aurora y Mundo Maya, sino también de todos los aeródromos del país, expresó Ronny Rodríguez, director de Sostenibilidad y Desarrollo Corporativo de Volaris.

En el 2027 se proyecta contar con la auditoría de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), señaló Suriano, quien destacó que en auditorías anteriores ya se había advertido que el sistema aeroportuario nacional presenta brechas de cumplimiento de carácter jurídico. “Si no se aprueba esta legislación, será muy difícil superar la auditoría, lo que pone en riesgo la aviación y los aeropuertos del país”, sentenció el viceministro.

Hoja de ruta

Para que esta iniciativa de ley llegue al Congreso, Suriano explicó que debe seguirse un proceso que inicia en la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), entidad que ha trabajado el expediente y donde se llevaron a cabo los trabajos técnicos y la coordinación de redacción.

Este lunes 10 de noviembre se enviará el documento al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), donde se integrará el expediente ministerial. Según Suriano, después de ello se remitirá a las entidades correspondientes, entre las que figura la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Asimismo, deberá enviarse a instituciones como los ministerios de Economía, Gobernación, Finanzas, Relaciones Exteriores, y al Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), para que emitan su dictamen favorable. Una vez otorgados los dictámenes, el expediente regresará al CIV, que consolidará los documentos y los trasladará a la Secretaría General de la Presidencia.

Después del visto bueno de la Secretaría, la iniciativa será presentada al presidente, quien la remitirá al Congreso de la República para su discusión y aprobación final.

“Hoy se remitieron los tiempos con el nivel de urgencia que requiere el asunto, para que todas las instituciones conozcan los límites que tenemos”, afirmó Suriano, quien señaló que se estima que para la segunda semana de diciembre el expediente debe estar en la Secretaría General.

El regulador y el operador

A raíz de esta ley, se crean dos instituciones, según explicó Rodríguez:

• Autoridad de Aviación Civil de Guatemala: Actualmente, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) es únicamente una dirección; sin embargo, con esta ley se transforma en una institución reguladora independiente, a la que se le retira la responsabilidad sobre los aeropuertos.
  “Será una institución con funciones regulatorias claras y encargada de la vigilancia de operaciones aéreas”, argumentó Rodríguez, quien precisó que esto implica supervisar la capacidad técnica del personal, las certificaciones, el mantenimiento de aeronaves y el cumplimiento de estos procedimientos.
  Asimismo, la nueva autoridad establecerá el servicio civil aeronáutico, que —según Rodríguez— constituirá una carrera profesional dentro de la entidad, lo que permitirá mejores salarios, incentivos, estabilidad laboral y condiciones adecuadas para el personal técnico.

• Operador Aeroportuario de Guatemala: Será la entidad pública responsable de la operación de los aeropuertos. A partir de su creación, se establecerá una Zona de Tratamiento Especial Aeronáutico, lo cual significa que el aeropuerto funcionará como una zona franca. Esto, señaló Rodríguez, permitirá mayor agilidad.
  Además, esta entidad tendrá la facultad de otorgar en concesión uno o varios aeropuertos a empresas privadas, crear asociaciones público-privadas y delegar la operación de aeropuertos o aeródromos, o bien, mantener una administración directa. “Esto es importante, porque al Estado le cuesta administrar activos”, afirmó Rodríguez.
  Suriano agregó que esta figura permitirá atraer inversión privada de forma más eficiente y adaptará la administración según las particularidades de cada terminal aérea: “No es lo mismo administrar el aeródromo de Quetzaltenango o Cobán que el de La Aurora”.

Ambas instituciones contarán con juntas directivas. No obstante, Rodríguez planteó que debería considerarse la participación del sector empresarial privado en su integración. Además, las dos entidades recibirán ingresos propios provenientes de tarifas de aterrizaje y despegue, uso de puentes de abordaje y otros servicios, según dijo.

Beneficios

La separación entre la entidad reguladora y la operadora traerá múltiples beneficios, según indicó Rodríguez.

En primer lugar, viajar a Guatemala será más seguro. Rodríguez explicó que la autoridad supervisará que las aeronaves cumplan con las especificaciones de mantenimiento y cuenten con tripulaciones certificadas. Esta mejora en seguridad podría traducirse en nuevas inversiones de aerolíneas interesadas en abrir rutas hacia el país, destacó.

En segundo lugar, los usuarios encontrarán un aeropuerto en mejores condiciones. Rodríguez afirmó que Guatemala, como país con mayor tamaño económico en la región, debe aspirar a contar con una terminal aérea competitiva, lo cual es posible mediante una administración adecuada.

En tercer lugar, la división de funciones podría acelerar la recuperación de la categoría 1 ante la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés). “Si la autoridad se concentra en la seguridad operacional y la operadora en la infraestructura, se mejoran las condiciones para recuperar y mantener esa categoría, lo que habilitaría vuelos directos hacia Estados Unidos por parte de aerolíneas con bandera guatemalteca”, afirmó Rodríguez.

Por su parte, Suriano agregó que contar con una institucionalidad sólida permitirá invertir en infraestructura, maquinaria y equipo, además de aplicar sanciones cuando sea necesario, especialmente en aspectos vinculados con la seguridad operacional.