El tema de la transparencia en los próximos eventos y licitaciones tendrá supervisión adicional por parte de organismos internacionales y nacionales, como los eventos de electricidad rural y el del cierre técnico del campo Xan, entre otros, como los servicios para operar le refinería y el oleoducto, según han indicado funcionarios del gobierno.

El Programa de Infraestructura para la Electrificación Rural (Pier) que cuenta con financiamiento de un préstamo de US$120 millones (unos Q920 millones, al cambio actual) será ejecutado por el Instituto Nacional de Electrificación (Inde) con base a normas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

De este programa se lanzó el pasado jueves 28 de agosto la primera de cuatro licitaciones. En la primera fase se estima una inversión de US$17.5 millones para proyectos de electrificación rural para 6 mil 500 hogares en 72 comunidades que no cuentan ese servicio. El proyecto total prevé conectar unos 40 mil hogares.

Lilena Martínez, jefa de Operaciones del BID en Guatemala, expuso durante el lanzamiento del primer concurso, que las licitaciones financiadas por el BID se rigen por políticas de adquisiciones y contrataciones alineadas con buenas prácticas y estándares internacionales.

“Ahí es donde nosotros, como banco, reiteramos nuestro compromiso de acompañar y supervisar todos los procesos que se realizan en el Inde y otras entidades ejecutoras para asegurar que se hagan con calidad, eficiencia, eficacia y transparencia”, señaló.

Detalló, al referirse a los eventos para electrificación rural, que se trata de licitaciones públicas internacionales, abiertas tanto para empresas locales como internacionales, para garantizar la calidad de las obras.

El préstamo es financiado por el BID y la Cooperación Coreana.

Por aparte, consultado acerca de cómo se garantizará la transparencia en el uso del financiamiento de US$120 millones, el presidente de la República Bernardo Arévalo indicó: “Las licitaciones están garantizadas por el hecho de que las realiza el Banco Interamericano de Desarrollo, que tiene estándares internacionales, y nosotros nos sujetamos a ellos”.

Acerca de las medidas de transparencia en las licitaciones para el cierre técnico del campo petrolero Xan, la refinería La Libertad y el oleoducto, cuyos activos pasaron a manos del Estado el 13 de agosto tras el vencimiento de los contratos, Arévalo afirmó: “Vamos a aplicar esos estándares internacionales también a esas licitaciones”.

Tres emergencias, varios eventos

Para el sector petrolero están vigentes tres declaratorias de emergencia con las cuales el MEM está lanzando procesos de manifestación de interés para precalificar empresas y posteriormente efectuarán concursos para los cuales deben emitir términos de referencia.

En el que se refiere al cierre técnico del Campo Xan, se estima un costo de US$50 millones que deberán ser costeados por el Estado.

Para este se lanzó la primera convocatoria de manifestación de interés a inicios de agosto del 2025 en la cual participaron seis empresas, pero el evento fue finalizado porque ninguna de estas firmas superó la fase de precalificación. Derivado de ello se lanzará una nueva convocatoria según lo dio a conocer el miércoles 11 de septiembre el viceministro de Minas e hidrocarburos del MEM, Erwin Barrios.

El ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura, indicó el 20 de agosto en una citación con los jefes de bloque del Congreso, que se solicitaría el acompañamiento de la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC), el anuncio fue realizado días después de que en ese organismo surgieron señalamientos de supuesto tráfico de influencia o incluso cohecho pasivo en que podría caerse por posibles oferentes o funcionarios.

El MEM indicó el 10 de septiembre, al anunciar el nuevo evento, que se cuenta con el acompañamiento de la CNC.

“El MEM reafirma su compromiso con la transparencia, la legalidad y el bienestar del Estado de Guatemala como principios rectores en todas sus actuaciones. En ese marco, y en cumplimiento de la normativa vigente, el Ministerio se prepara para lanzar un nuevo evento de Invitación para la Presentación de Interés relacionado con el cierre del Campo Xan” aseguró el viceministro al anunciar el nuevo evento.

Para contratar a las empresas para que tendrá a su cargo la operación y administración de la refinería y el oleoducto no han mencionado montos de inversión, y tampoco se han lanzado los eventos.

El Inde, anteriormente, ha enfrentado señalamientos en la contratación de proveedores para sus obras. Entre julio del 2024 y enero del 2025 la actual administración efectuó denuncias por nueve casos de contratos para obras que provenían de la administración anterior, por alrededor de Q650 millones, en los que se encontraron irregularidades o falta de cumplimiento de ejecución. Y tenían en verificación otros por unos Q400 millones más.

Experiencias anteriores

La decisión de usar las normativas del organismo que financia está en ley, incluso lo permite o establece la Ley de Contrataciones del Estado, indicó Ricardo Barrientos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).

Sin embargo, explicó el experto, en el país han existido experiencias con resulados mixtos.

Barrientos recuerda que en los períodos del 2008 al 2010 el Ministerio de Finanzas Públicas decidió restringir un poco o regular de mejor manera los casos en los que se le daba fondos públicos guatemaltecos a organismos internacionales. Esto surgió por la preocupación por algunos fondos que en su momento ejecutó la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) para temas del aeropuerto.

Según Barrientos, se experimentó que en casos como ese no necesariamente las reglas de un organismo internacional han resultado mejores que la legislación nacional en temas de ejecución de fondos públicos.

En el caso del uso de Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) para adquisiciones, el analista dijo que han sido más positivos los resultados y considera que se han obtenido mejores resultados que con la normativa nacional en especial con la experiencia que se tuvo cuando esa entidad apoyó en la adquisición pública de medicamentos por parte del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

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También están los casos en que las instituciones de Guatemala ejecutan, pero lo deben hacer con base a los estándares internacionales de las entidades que financian cada proyecto, comentó Barrientos, quien indicó que ha habido necesidad de llegar a ese punto por experiencias negativas que han sucedido en licitaciones o contrataciones.

Refirió que no todos los mecanismos de organismos internacionales han sido perfectos, pero la experiencia reciente pareciera apuntar que en ocasiones es mejor o preferible que el manejo de entidades nacionales como el caso que mencionó de Unops.

Se debe tener en cuenta que las reglas del organismo internacional puede tener ventajas y desventajas, añadió Barrientos al citar que un caso reciente que considera desventaja es el experimentado con el Programa Mundial de Alimentos (PMA) cuándo ha hecho adquisiciones públicas para el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, porque se ha detectado que las reglas del organismo internacional no son acordes o coherentes con la normativa nacional de transparencia y ademán han causado retrasos importantes en el registro contable en la ejecución de presupuestaria.

El analista del Icefi indicó que no hay un criterio definido y hay experiencias buenas y malas, por lo que es importante una revisión mucho más cuidadosa de la legislación que se está proponiendo para facilitar este tipo de convenios.

Un caso reciente, expone, es el apoyo que se está recibiendo del Cuerpo Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, lo cual es importante para el tema de infraestructura, pero se debe tomar en cuenta que se trata de fuerzas armadas de otro país que tienen sus normas especiales de confidencialidad.

La conclusión de Barrientos es que no se puede decir que sea bueno o malo a priori, pero que en la legislación se debería procurar que los convenios con organismos internacionales que van a aplicar sus reglas, y que se pueda adoptar de manera supletoria normas de transparencia nacionales guatemaltecas aspectos que sus propias normas no tienen.

Sin embargo también considera que es necesario ir adoptando más estándares internacionales de transparencia y porque también ha sido claro que no necesariamente la legislación nacional ha demostrado que puede prevenir los abusos y los actos de corrupción. Pero agregó que no se debe perder de vista otra perspectiva porque posiblemente no solo es un tema de normas y reglas ya que en algunos casos los controles de transparencia nacionales son mucho más estrictos que los de organismos internacionales, pero también depende de las personas. “Aún teniendo una ley perfecta, pero con algún funcionario corrupto las cosas van a salir mal”, expresó.

Las normas son muy importantes, pero también hay que ver que probablemente el problema de Guatemala no está en la normativa, sino que se debe actualizar el servicio civil, añadió.

Se observa que hay casos en los que no se confía en el funcionariado guatemalteco, sino que se confía más en organismos internacionales y otros gobiernos y es vergonzoso porque es casi un reconocimiento de la incapacidad nacional de hacer las cosas bien, lo cual se viene experimentando desde hace varios gobiernos, expresó Barrientos.

Por aparte, Pedro Prado de la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales (Asíes), dijo que se ha tenido que llegar a usar algunos estándares de organizaciones internacionales para garantizar transparencia en esas gestiones, asegurar que se respeten los procesos y que se ejecute, lo cual está ligado a evitar la corrupción.

Prado dijo que para la sociedad guatemalteca la participación de organismos internacionales financieros, en este caso como el BID, o en otros ejemplos, es importante porque da un respaldo, ya que se requieren buenos resultados para garantizar la transparencia y evitar el tema de la corrupción.