Las fuerzas de seguridad capturaron este lunes 28 de abril a un hombre de 61 años, deportado desde Alexandría, Luisiana, EE. UU., quien tenía una orden de captura vigente por estar señalado en el caso de la muerte de monseñor Juan José Gerardi Conodera, ocurrida el 26 de abril de 1998.

Se trata de Rubén “M.”, de 61 años, requerido por un juzgado desde julio de 2010.

La detención se efectuó en las oficinas de Migración de la Fuerza Aérea Guatemalteca, según detalla el parte de la Policía Nacional Civil (PNC).

El aprehendido es requerido por la supuesta comisión de los delitos de ejecución extrajudicial en grado de complicidad y falso testimonio.

La audiencia de primera declaración será este martes 29 de abril.

El crimen

El 26 de abril de 1998, la Iglesia Católica se vistió de luto: monseñor Gerardi había sido asesinado en el interior de la casa parroquial de la iglesia San Sebastián, dos días después de haber presentado el informe Guatemala Nunca Más, Recuperación de la Memoria Histórica (Rehmi).

El documento denunciaba atrocidades cometidas por el Ejército durante el conflicto armado interno.

Surgieron varias hipótesis sobre el hecho, como que había sido un crimen pasional o político, delincuencia común, o que Balú, el perro del sacerdote Mario Orantes, lo había atacado. Orantes vivía en la casa parroquial junto con Gerardi.

Los dos primeros sospechosos fueron Orantes, quien mandó a lavar la escena del crimen y no avisó a las autoridades sino horas después, y la empleada de casa particular, Margarita López, señalada por encubrimiento.

Tras la investigación, fueron señaladas como sospechosas 17 personas: 12 militares y cinco civiles.

Los culpables por el crimen de Gerardi tuvieron destinos diferentes.

El 20 de enero de 2000 fueron capturados los militares Byron Lima Estrada, Byron Lima Oliva (hijo de Lima Estrada) y el especialista del Ejército Obdulio Villanueva, de quien un testigo declaró en el juicio que estaba detenido en la cárcel de Antigua Guatemala y que salió ese día para cometer el crimen.

El Ministerio Público (MP) señaló la participación delictiva de los militares en el asesinato de Gerardi, pero no fueron los únicos implicados. La casa parroquial en la que vivió monseñor era frecuentada por Margarita López, la empleada doméstica, quien fue relacionada en el comienzo del proceso penal.