Guatemala es el país en América Latina con el índice más elevado de accidentalidad vial. Esto, según informes de OPS/OMS y Oset. No dudo de tal afirmación. Demasiadas veces, a usted y a mí, nos ha tocado ver carros a la orilla del camino luego de un choque, motoristas heridos en calles y carreteras, buses extraurbanos siendo conducidos a velocidades de más de 120 km por hora, gente atropellada por un vehículo que se da a la fuga, cuerpos cubiertos tirados sobre el asfalto, conductores violentos maldiciendo a diestra y siniestra, e incluso disparando. Hablamos de un problema mayor.

El último de estos “accidentes” sucedió el lunes 10 de febrero, cuando un bus de transporte público de rutas cortas se embarrancó entrando a la ciudad por el Atlántico y el resultado fue más de medio centenar de personas muertas. “Somos tan tolerantes que les llamamos accidentes, sabiendo que esta situación es una constante, ocurrirá más veces en el año, porque solo interesa el momento, luego todo sigue igual y habrá nuevas tragedias”, dijo la licenciada Celia María Morales, presidenta de la Asociación de Prevención y Atención de la Seguridad en el Tránsito (Apasit).

Toda la gente habló inmediatamente de la irresponsabilidad del piloto, lo cual es cierto en gran parte, porque los hay criminales que arriesgan cientos de vidas cada día. Pero también hay que considerar factores como el aumento del parque vehicular, la falta de planificación urbana, la falta de salud mental entre la población en general; un sistema de transporte público aún muy deficiente y una mara de transportistas bastante peligrosa; y la falta de voluntad política de hacer cambios reales en este sentido.

Hablamos específicamente de la Municipalidad de Guatemala, a través de Emetra; del Ministerio de Gobernación (Mingob), a través del Departamento de Tránsito; y del Ministerio de Comunicaciones, a través de la Dirección General de Transporte y la Dirección de Caminos. A la Muni y al Mingob les tocaría controlar que los pilotos tengan una licencia, así como la velocidad y el estado de los vehículos; al Ministerio de Comunicaciones le tocaría supervisar a los prestadores de servicios y el estado mecánico de los buses, así como la señalización en los caminos y las estructuras de protección en barrancos.

Estamos tan acostumbrados a las tragedias, que ya no vemos lo serio que es el asunto de la violencia vial y lo necesarias que son la seguridad y la educación vial. Más de 50 familias guatemaltecas han vuelto a enfrentar el profundo dolor de perder a los suyos, sin que el Estado tenga la respuesta adecuada ante una coyuntura tan difícil. ¿O acaso existen una Unidad de Atención a Víctimas de hechos de tránsito y una fiscalía de tránsito, como sí lo hay en otros países? Necesitamos, al mismo tiempo, juzgados de tránsito menos corruptos y más rigurosos con los casos. Según la presidenta de Apasit, siete personas fallecen diariamente por un hecho vial: “Ya hay la misma cantidad de muertes por arma de fuego que por un siniestro vial. (…) Es la peor cifra de Centroamérica. Necesitamos que cada hecho de tránsito tenga un peritaje y que lo podamos conocer”.

Cierro con el tema de la salud mental de los pilotos que, o están agotados o son inconscientes al volante. La gente que usa el transporte y se asusta con la velocidad se calla por tres razones: o va dormida, o es para que no la bajen, o porque no puede pagar dos veces el pasaje. Hay pilotos que, sin conciencia de las vidas que deben cuidar, son criminales. Y esto hay que detenerlo también.