El nombre de Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, ha resurgido en la agenda internacional tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien expresó su intención de concederle un “total y completo indulto”. La noticia ha reavivado el debate sobre su pasado político y sus profundos vínculos con el narcotráfico, particularmente con el cartel de Sinaloa, de Joaquín “el Chapo” Guzmán.

Hernández gobernó Honduras durante dos períodos consecutivos (2014-2022), pese a que la Constitución del país prohíbe la reelección presidencial. Su segundo mandato fue posible gracias a una polémica interpretación de la Corte Suprema, y estuvo marcado por acusaciones de fraude electoral y represión violenta contra opositores.

Tres meses después de dejar el cargo, en enero del 2022, fue capturado en su residencia en Tegucigalpa. En abril de ese año, fue extraditado a Estados Unidos por cargos relacionados con narcotráfico.

En junio del 2024, un tribunal federal de Nueva York lo condenó a 45 años de prisión por conspirar para traficar cocaína a gran escala hacia territorio estadounidense. Según la fiscalía, utilizó el poder del Estado para proteger redes criminales a cambio de dinero y favores políticos.

Los vínculos con “el Chapo” y el cartel de Sinaloa

Uno de los ejes más graves del caso fue la acusación de que Hernández recibió US$1 millón de parte de Joaquín “el Chapo” Guzmán, otrora jefe del cartel de Sinaloa, para financiar su campaña presidencial. El dinero habría sido entregado a través de su hermano, Juan Antonio “Tony” Hernández.

Aunque “el Chapo” figuraba entre los posibles testigos en el juicio contra Hernández, su declaración no se concretó. No obstante, los fiscales sostuvieron que el financiamiento ilícito sirvió para consolidar el control político de Hernández y garantizar impunidad a organizaciones criminales que operaban libremente en Honduras.

El peso de una familia implicada

La caída de Hernández se produce en un contexto marcado por antecedentes familiares. Su hermano “Tony” Hernández fue condenado en el 2021 a cadena perpetua por tráfico de drogas, tras ser hallado culpable de introducir toneladas de cocaína en Estados Unidos y de usar su influencia política para proteger sus operaciones.

Durante ese juicio, el nombre del entonces presidente Juan Orlando Hernández fue mencionado en múltiples ocasiones como parte clave de una estructura criminal que operaba desde el Estado.

Influencias, lobby y presiones

Una investigación del diario The Washington Post reveló que el Gobierno de Honduras contrató en el 2019 al bufete estadounidense Arnold & Porter, con el objetivo de influir en los fiscales del caso contra “Tony” Hernández. Según documentos oficiales, el bufete alegó posibles consecuencias negativas en las relaciones bilaterales, incluidas las bases militares estadounidenses en territorio hondureño.

El contrato, por US$475 mil más gastos, fue firmado por la entonces ministra de Finanzas, Rocío Tábora, y registrado en el sistema de agentes extranjeros del Departamento de Justicia.

Un gesto con eco político

El anuncio de Trump sobre el posible indulto a Hernández ocurre días antes de las elecciones en Honduras, lo que ha sido interpretado por analistas como una señal con fuerte carga política.

Los expertos consideran que, si se concreta, el indulto representaría un giro drástico en un caso que, hasta ahora, ha sido emblemático para la lucha contra el narcotráfico en la región, al tratarse del primer expresidente centroamericano condenado por delitos relacionados con drogas en Estados Unidos.

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