STEG, el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala, mantiene desde hace aproximadamente 49 días una asamblea permanente en la Plaza de la Constitución, pese a haber recibido múltiples amparos judiciales que le ordenan reanudar labores.

Las resoluciones, obtenidas por la Procuraduría General de la Nación (PGN), han sido ignoradas por el sindicato, que insiste en su protesta como medida de presión para forzar la firma de un nuevo pacto colectivo con el Ministerio de Educación (Mineduc).

A pesar de las notificaciones judiciales y administrativas, las clases en cientos de centros educativos públicos permanecen suspendidas, afectando a miles de estudiantes y paralizando parcialmente el ciclo escolar 2025.

PGN acumula resoluciones ignoradas y denuncias ante el MP

Desde el 4 de junio, la PGN ha recibido varios amparos que ordenan al STEG detener sus medidas de hecho y retornar a las aulas; el gremio, no obstante, se mantiene en desacato.

Ante esta situación, el 27 de junio la PGN pidió al Ministerio Público (MP) abrir una investigación contra los dirigentes sindicales por el presunto delito de desobediencia a resoluciones judiciales.

Actualmente, el MP tramita tres denuncias vinculadas a la actuación de los docentes.

La Fiscalía de Delitos Administrativos sigue un expediente por desobediencia, mientras que la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio indaga dos casos por posibles daños a bienes públicos. Estos señalamientos apuntan al deterioro del Palacio Nacional de la Cultura y de la Fuente Los Pétalos, en la Plaza Central, causado por la instalación de lazos, pancartas y carpas.

Además, el 3 de julio la Corte de Constitucionalidad (CC) conoció una acción de inconstitucionalidad planteada por la PGN para suspender frases específicas de siete artículos del pacto colectivo vigente.

Los magistrados rechazaron conceder la suspensión provisional, de modo que el pacto permanecerá en vigor mientras se resuelve el fondo del asunto.

Casi 50 días de resistencia: STEG desafía a la justicia y mantiene su plantón

El STEG exige la firma de un nuevo pacto colectivo, cuyas negociaciones se realizan bajo cláusula de confidencialidad, pactada durante el gobierno del expresidente Alejandro Giammattei.

Pese al paro, el pasado 25 de junio, los docentes recibieron el primer pago con incremento salarial, uno de los beneficios contemplados en el acuerdo vigente.

Estas acciones han generado fuertes cuestionamientos públicos, especialmente porque la protesta ha afectado directamente a alrededor del 16% de los centros educativos públicos, dejando a más de 300 mil estudiantes sin clases, según datos oficiales del Mineduc.

La protesta comenzó formalmente el 19 de mayo, cuando la asamblea del STEG declaró la sesión permanente.

Cuatro días después, el 23 de mayo, los maestros se instalaron en la Plaza de la Constitución, donde desde entonces operan con un sistema de rotación por turnos de tres días entre delegaciones municipales.

Hasta el 30 de junio, el Mineduc había documentado más de siete mil actas administrativas contra docentes que no se han presentado a impartir clases. Sin embargo, ninguna de estas medidas ha logrado desactivar el campamento.

La situación del sistema educativo nacional continúa en peligro, sin señales claras de un eventual retorno a la normalidad, mientras las autoridades gubernamentales, judiciales y sindicales permanecen en una tensa negociación sin resultados visibles.

Siga leyendo: STEG: Así respondió el sindicato docente a las recientes decisiones del Mineduc y fallo de la CC