Los perfiles de personas con múltiples ingresos a prisión representan una amenaza constante para los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes deben interactuar reiteradamente con estos individuos. Así lo señala Edwin Monroy, vocero de la institución, al explicar que muchos de estos sujetos son identificados por los propios policías debido a la frecuencia con que reinciden en delitos.

“Esto se convierte en un círculo de nunca acabar”, asegura Monroy. A su criterio, el contacto repetido con personas con amplios historiales delictivos no solo incrementa el riesgo para los agentes, sino que genera una percepción de impunidad en la ciudadanía.

Uno de los tantos ejemplos recientes es el caso de Adolfo Antonio Hernández López, de 66 años, capturado el viernes pasado en el departamento de Jutiapa por el delito de agresión sexual. La detención se realizó en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por el Juzgado de Primera Instancia Penal de Delitos de Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer.

Durante el procedimiento, se constató que Hernández acumula un historial delictivo que abarca más de 40 años, con registros desde 1982 por delitos como tentativa de secuestro, allanamiento, robo, violación, escándalo en la vía pública y portación ilegal de arma de fuego.

Para Monroy, perfiles como este no son una excepción. Recuerda el caso de un hombre de 52 años que suma 57 ingresos a prisión, “más entradas a la cárcel que años de vida”, enfatiza.

En Guatemala, sin embargo, el concepto de reincidencia solo aplica legalmente a quienes acumulan varias condenas, no capturas. Esta diferencia limita las consecuencias legales ante múltiples detenciones y obliga a las autoridades a enfrentar una y otra vez a los mismos sujetos, sin que esto implique sanciones más severas.

Por su parte, el abogado y analista del sector justicia Javier Monterroso señala que el Organismo Judicial debería contar con estadísticas claras sobre los delitos más recurrentes y el número de reincidentes. Añade que, en ausencia de estos datos, es necesario abrir el acceso a los expedientes judiciales para permitir investigaciones que conduzcan a políticas públicas efectivas.

La falta de datos y mecanismos para detener la reincidencia deja una pregunta abierta: ¿cuántas personas con historiales peligrosos vuelven a circular con libertad, poniendo en riesgo a la sociedad y a quienes deben hacer cumplir la ley?

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