El próximo 25 de marzo se presentará el informe sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala. El documento, elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), analiza los logros y retos que enfrentó el país en esta materia durante 2024.

En ese contexto, Mika Kanervavuori, representante de Oacnudh en Guatemala, señala que una de las principales preocupaciones en el país es la falta de independencia judicial, que no solo involucra al Organismo Judicial, sino también al liderazgo del Ministerio Público, estructuras que resultan difíciles de transformar, sobre todo en un entorno donde existen “poderes” que buscan mantener el statu quo.

Agrega que la mayoría de la población no ha comprendido las implicaciones de no tener acceso a la justicia y percibe su inoperancia únicamente cuando se ve inmersa en un proceso judicial que puede prolongarse durante años sin resolución. Aunque acuden al sistema judicial, no cuestionan el actuar ni el trabajo de jueces o magistrados.

“Hay una percepción de que la justicia es algo que no se busca, y que no resolverá sus problemas, porque sus problemas son vivir el día a día, sobre todo en los territorios, entonces, lo ven como algo lejano”, afirma Kanervavuori.

Por tal motivo, en 2024, durante el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las Salas de Apelaciones, la Oacnudh llevó a cabo campañas a nivel comunitario, con el fin de concienciar a la población sobre la importancia de elegir a magistrados y jueces, y de evidenciar que no es un tema exclusivo de los habitantes urbanos.

Kanervavuori refiere que la falta de independencia judicial y el intento del Ministerio Público de socavar el Estado de derecho es una tendencia en la región, aunque en el país existen avances.

“Lo positivo de Guatemala es que tiene una agenda socioeconómica que promueve la igualdad y no discriminación, una agenda del gobierno de participación y diálogos. La coyuntura regional y global tiende más al cierre de espacios, y allí Guatemala está avanzando”, agrega el representante de Oacnudh en Guatemala.

Análisis

El informe La situación de los derechos humanos en Guatemala contiene información recopilada y analizada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) durante 2024, así como datos proporcionados por instituciones del Estado. También expone el trabajo que dicho organismo efectuó en el país, como la documentación de 147 casos de presuntas violaciones a los derechos humanos.

Entre los temas abordados figuran la igualdad y la no discriminación en distintos sectores de la población, y se exponen las realidades y retos que enfrentan los pueblos indígenas, garífunas y afrodescendientes, mujeres y niñas, personas con discapacidad, diversidad sexual e identidad de género, juventud y personas migrantes.

Se incluye un apartado sobre desarrollo humano sostenible e inclusivo, en el cual se analiza la problemática del acceso a la tierra, los territorios y los recursos naturales. Se documentan casos de contaminación de fuentes de agua y la búsqueda de justicia para frenar esta situación.

En cuanto a la justicia y la lucha contra la impunidad, el informe se refiere al acceso a la justicia, así como a la independencia e imparcialidad judicial. Se señala que persiste la criminalización por parte del Ministerio Público, juzgados de primera instancia y tribunales de sentencia penal contra operadores de justicia, de los cuales 63 se encuentran en el exilio.

La Oacnudh también documentó 63 casos de ataques contra personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, y recibió reportes de persecución penal, vigilancia y agresión física contra estudiantes y docentes de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Además, registró 47 casos de violaciones a los derechos a la libertad de expresión y al acceso a la información en perjuicio de periodistas, medios de comunicación y comunicadores comunitarios.

Una de las conclusiones del informe es que la discriminación y la desigualdad persisten en el país, al igual que la criminalización por parte del Ministerio Público y del Organismo Judicial contra defensores de derechos humanos. Por esa razón, se continuará el acompañamiento a Guatemala con el objetivo de garantizar los derechos fundamentales de su población.