El tiempo se agota. Guatemala está drenando todos sus recursos en un intento por construir una justicia que realmente sirva a toda la población y sanee un sistema totalmente contaminado. Cada día que pasa es una oportunidad perdida, y el tiempo no es un recurso renovable.

Hoy, más que nunca, enfrentamos la urgente necesidad de implementar medidas robustas, como la Ley de Competencias, la Ley de Aguas, y la iniciativa 6430, que busca dar vida a una educación sexual para frenar el alarmante aumento de embarazos adolescentes. Estas son acciones necesarias, pero deben ser parte de un cambio más profundo.

Sin embargo, ¿de qué sirven estos esfuerzos si mantenemos intacto el verdadero problema? La reforma constitucional sigue siendo nuestra mayor deuda, y es ahí donde se originan todos los vicios que han corrompido al país. En ella radican las raíces de todos los males que han plagado a Guatemala durante décadas. Lamentablemente, el viciado sistema de elección de magistrados constitucionales ha dado lugar a una academia politizada y a gremios profesionales que han dejado de cumplir su función primordial. Esto ha conducido a una creciente litigiosidad e inseguridad jurídica en la composición y en el nombramiento de funcionarios del Estado, así como en la posibilidad de que la Corte de Constitucionalidad esté compuesta por activistas en lugar de juristas comprometidos con la justicia.

Expertos guatemaltecos, incluyendo destacados abogados y analistas, han subrayado que sin una reforma constitucional no importa qué leyes o iniciativas se implementen, la justicia seguirá siendo un concepto vacío, incapaz de ofrecer las garantías necesarias para un cambio real.

El abogado y analista José Manuel de León ha afirmado que “sin un marco constitucional sólido, cualquier intento de reforma legislativa es como construir sobre arena”.

Guatemala enfrenta innumerables desafíos, pero la reforma constitucional se erige como la tarea más urgente. Sin esta base fundamental, cualquier intento de avanzar se convierte en un ejercicio inútil. Como señala la jurista Claudia Paz y Paz, “la falta de una reforma constitucional es el origen de la impunidad y la corrupción que plagan nuestras instituciones”.

Podemos contar con iniciativas que prometen transformar la realidad del país, pero si no abordamos la reforma constitucional, estamos condenados a un futuro sombrío e incierto. Necesitamos crear urgentemente una nueva diferencia en nuestro sistema, abordar la raíz del problema y reconocer que sin una reforma constitucional cualquier avance será inútil.

Conclusión:

Para mí era muy importante que esta columna se iniciara hoy, en el Día del Niño, ya que, como bien sabemos, buscamos un futuro para nuestras generaciones. Pero, ¿qué país vamos a dejarles si no tenemos certeza hoy sobre nuestro futuro y nuestro presente? Las preguntas son muchas y la urgencia de respuestas es inminente. Creo que, como ciudadanía, debemos estar alertas y proactivos, realizando los cambios necesarios para el país. No podemos esperar. El tiempo se nos está agotando y, sobre todo, seríamos nosotros los responsables de que, en el futuro, las cosas no marchen como deberían.

La reflexión y la exigencia siempre son las mismas: necesitamos cambiar de raíz todo el mal que se ha encendido en Guatemala. Comencemos por la reforma constitucional, porque sin ella cualquier intento de construir un futuro sólido y justo para nuestros niños y niñas será en vano. Actuemos ahora, por el bienestar de las futuras generaciones, y asegurémonos de que el legado que dejemos sea uno de justicia, equidad y esperanza.

Es hora de actuar con determinación y exigir cambios que verdaderamente garanticen justicia y equidad para todos los guatemaltecos. El cambio es urgente.

Guatemala, EL FUTURO ES HOY.