A lo largo de los años, desde que con la mejor intención del mundo se aprobó la Ley de Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer, ese instrumento legal ha sido esgrimido constantemente como mecanismo para evitar que se pueda ejercitar el libre derecho a la información e impedir que se hagan la menor crítica o señalamiento a mujeres que desempeñan cargos públicos o que figuran en política. Creemos sinceramente que en un país donde el machismo es una penosa realidad, hacía falta ese tipo de instrumento legal para impedir que se cometan abusos en contra de quienes, por su sexo, muchos hombres ven de menos.

Por otro lado, la Constitución de la República en su artículo 35 dice, textualmente, lo siguiente: “No constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos.” Obviamente, no se quiere entender lo que dice la Carta Magna, puesto que, repetimos, de manera reiterada se usa la Ley de Femicidio para imponer medidas de “protección” cuando algún periodista, ejerciendo el derecho constitucional, formula denuncias, críticas o imputaciones alguna de esas figuras públicas. Ni delito ni falta dice nuestra ley fundamental, pero las que demandan no solo cuentan con la complicidad de jueces y fiscales, sino que ahora hasta fiscales mujeres abusan de esa ley creada con el más sano de los propósitos.

Aquí en La Hora no nos referimos a las mujeres por su aspecto físico, por su raza o sus gustos personales y de hecho rechazamos ese tipo de señalamientos, porque cualquier funcionario debe rendir cuentas sin importar su condición física, incluyendo si son hombre o mujer.

Ayer nuevamente se amenazó a personal de La Hora con ser denunciados por el simple hecho de relatar lo que estaba sucediendo en el Congreso de la República durante la interpelación al Ministro de Gobernación. Obviamente, si la misma publicación se hubiera referido a un hombre (aún como aquellos dos que gobernaron) nadie diría ni pío ni podría formular amenazas con llevar a los tribunales a los periodistas, pero en idéntica situación resulta que una mujer se siente “protegida” por una ley para demandar que cesen las críticas que luego denuncian como violencia psicológica.

Demostrado está lo que publicó el reportero de La Hora, Joel Maldonado, quien tiene todo nuestro respaldo.

El citado artículo constitucional habla de funcionarios o empleados públicos, lo cual abarca a cualquier persona, del género u orientación sexual que sea. Por supuesto que hay que tomar en cuenta que entre los muchos antecedentes de figuras públicas que han recurrido a la ley de femicidio no puede pasarse por alto que Sandra Torres hizo uso de la misma para impedir que se publicaran críticas en su contra.

Hija de Tigre sale pintada, reza el dicho, y por ello ayer la insistencia de la diputada De León amenazando con demandar a los periodistas de La Hora por señalar, simple y sencillamente, un hecho obvio e irrefutable.