En los últimos días, el Congreso de la República aprobó, de urgencia nacional y sin dictamen, el Decreto 7-2025, que autoriza a los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDE) retener en 2026 los fondos no ejecutados en 2025. Una votación rápida, con mayoría abrumadora, dio paso a una norma que amenaza con crear una “bolsa paralela” de recursos públicos, debilitando principios básicos de nuestra institucionalidad democrática. Ante este escenario, el país necesita un veto presidencial firme y responsable.

El primer argumento es de orden constitucional. El principio de anualidad presupuestaria es un pilar del sistema financiero público. Los recursos aprobados para un ejercicio fiscal deben ejecutarse en ese período y, si no se utilizan, regresan al Tesoro. Esa regla permite orden, planificación y control democrático. Al romper esa lógica, lo que hace el Congreso es sentar un precedente peligroso: si hoy son los CODEDE, mañana podría ser cualquier institución reclamando privilegios presupuestarios fuera de la norma. El resultado sería un desorden institucional que minaría la confianza en el Estado.

El segundo argumento tiene que ver con corrupción y clientelismo. El decreto abre la puerta a que los CODEDE acumulen entre Q20 y Q23 mil millones. Una cifra astronómica, superior al presupuesto anual de varios ministerios, en manos de estructuras locales con débil supervisión. En vez de consolidar la descentralización, esta medida alimenta redes políticas que usan los recursos para reforzar lealtades y garantizar apoyos. Con este esquema, los fondos públicos corren el riesgo de convertirse en botín electoral, en lugar de motor de desarrollo comunitario.

El tercer argumento es la ineficiencia comprobada. Según cifras del propio Ministerio de Finanzas, cerca del 40 % de los fondos asignados a los CODEDE en 2024 y 2025 está sin ejecutar, lo que equivale a más de Q11 mil millones. Una de las causas recurrentes es la falta de avales y permisos para la ejecución de obra pública. Los proyectos quedan atrapados en trámites interminables que nunca se resuelven a tiempo. La solución no puede ser el silencio administrativo ni la acumulación de fondos, sino agilizar los procesos con reglas claras, responsables identificables y transparencia en cada autorización. Sin un cambio real en la forma en que se aprueban y supervisan las obras, los millones acumulados seguirán sin transformarse en resultados tangibles para la gente.

El cuarto argumento es ciudadano. Cada quetzal que no se ejecuta o que se desvía es un hospital no construido, un tramo carretero que sigue en ruinas, una escuela que permanece con techo de lámina. Los CODEDE, en teoría, son un mecanismo de desarrollo local, pero en la práctica la población no percibe sus resultados. Los proyectos se atrasan, se multiplican las obras inconclusas y crece la desconfianza hacia el Estado. Retener fondos sin reglas claras solo profundiza esa brecha entre lo que se promete y lo que se cumple.

Por último, está el aspecto político. La aprobación de este decreto fue sorpresiva, opaca y sin justificación de urgencia nacional. Ese tipo de maniobras legislativas no hacen más que alimentar la percepción de que en el Congreso se legisla a espaldas de la ciudadanía y en beneficio de intereses particulares. En este contexto, la figura del veto presidencial se convierte en una herramienta esencial para frenar excesos y preservar el orden democrático.

El presidente Bernardo Arévalo tiene ante sí una decisión histórica. Vetar el Decreto 7-2025 no es un capricho ni un gesto de confrontación, es un acto de responsabilidad y de coherencia con los principios de transparencia y rendición de cuentas que tanto necesita Guatemala. Vetarlo sería también un mensaje de que la solución no es esconder la ineficiencia bajo el silencio administrativo ni autorizar cheques en blanco, sino corregir los procesos, exigir avales oportunos y garantizar que cada obra pública cumpla con su propósito. Gobernar es decidir con transparencia, no acumular recursos sin rumbo.

El momento exige claridad y firmeza. Guatemala no necesita más maniobras opacas ni fondos sin control. Guatemala necesita instituciones fuertes, recursos bien administrados y gobernantes capaces de anteponer el interés ciudadano a cualquier cálculo político. El veto presidencial al Decreto 7-2025 sería, en este sentido, una victoria de la transparencia sobre la opacidad y de la ciudadanía sobre la arbitrariedad.