En la Guatemala de la eterna impunidad, cada caso tarda años en resolverse judicialmente, si es que llega a resolverse. A menos, claro está, que sea un caso que al Pacto de Corruptos le interese particularmente. En el caso del incendio del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, durante el cual quemaron a 56 adolescentes mujeres y fallecieron 41 de ellas, la justicia llegó 8 años y 5 meses tarde.

La sentencia del primer grupo de funcionarios involucrados en el hecho no fue equivalente al tamaño del crimen de Estado cometido aquel 8 de marzo de 2017, pero la jueza Ingrid Vanessa Cifuentes emitió una sentencia bastante apegada a los medios de prueba presentados. Pero además de determinar las responsabilidades de cada funcionario enjuiciado y las penas o absoluciones correspondientes, Cifuentes ordenó al Ministerio Público (MP) investigar a Jimmy Morales, presidente de Guatemala al momento de los hechos, para determinar su posible participación en lo sucedido antes y durante el incendio. Lo mismo pidió para Carlos Beltetón, exasesor de Morales. Falta ver si, después de la sentencia, Morales sigue o no en el país.

Fue el expresidente quien, según varios testigos, ordenó que los policías se quedaran en el Hogar Seguro durante los hechos del 7 y del 8 de marzo de 2017, incluso rompiendo la cadena de mando de la PNC. Wilson López Maldonado, subcomisario de la policía, declaró, en su momento, que el incendio “se pudo prevenir” sin la intervención de Morales (Agencia Ocote/12-08-25). Y es que, además, fue Morales quien, según otro testigo, ordenó dejar a las adolescentes encerradas dentro del aula de 6 por 7 metros donde las quemaron.

Más allá de las responsabilidades determinadas a través de la sentencia y de lo que aún falta por investigar, hay una clara deuda histórica del Estado de Guatemala con la niñez y adolescencia, especialmente con las niñas. Por eso, cuando se habla de reparación digna a familiares de las víctimas y sobrevivientes, sabemos que no solo se trata de dinero. Es un proceso de años que ha de comenzar por decirle a la sociedad guatemalteca que no cualquiera puede cuidar niñas y niños. La corrupción inicia cuando un político ofrece una plaza para devolver un favor y alguien sin capacidad para la misma acepta. Fue el caso de los anteriores secretario y subsecretaria de SBS (quien además encontró cómo salir impune), así como del entonces director del Hogar Seguro. Es aquí cuando cabe recordar muchas denuncias anteriores por violaciones y torturas en ese hogar del Estado.

¿Cómo pedir una reparación digna en un Estado que ni siquiera cuenta con un verdadero sistema de protección integral para niñas, niños y adolescentes? ¿Cómo salir del atolladero, si 6 de cada 10 niñas y niños pertenecen a uno de los pueblos originarios del país y un 70% de esa niñez indígena vive en pobreza, según Unicef? ¿Cómo se trae de vuelta a la vida a las 41 víctimas y cómo se repara el trauma de las sobrevivientes en una sociedad con escasa salud mental? ¿Cómo se restaura la dignidad de millones de niñas, niños y adolescentes que la han perdido desde el día en que nacen en un país injusto, violento y excluyente? Por ello, es fundamental que las sentencias que se emitan en este caso consideren principios de restitución de derechos, de indemnización, de rehabilitación y satisfacción y, sobre todo, las garantías de no repetición.

Caminar hacia la justicia en el país del litigio malicioso se compara al castigo impuesto a Sísifo, solo que en este caso, a las familias de las víctimas, a las sobrevivientes, a las organizaciones y grupos sociales que acompañan. Sin embargo, después de la sentencia seguimos luchando, sin prisa pero sin pausa, porque siempre supimos que las niñas tenían razón.