En el caso Libramiento de Chimaltenango el Juzgado Tercero Penal revocó la orden de aprehensión en contra del exjuez Mynor Moto; sin embargo, la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público (MP) presentó un amparo que está pendiente de ser resuelto, por lo que dicha revocatoria no está en firme.

Moto está prófugo por el caso Libramiento de Chimaltenango desde el 12 de abril de 2021 -hace 21 meses-.

En este caso, según el MP, Moto “habría recibido un soborno en efectivo presuntamente pagado por personas vinculadas a la referida investigación para favorecerles en la resolución que tendría que emitir en los días siguientes”.

Se trata de la resolución del 16 de octubre de 2020, donde Moto dictó falta de mérito contra 16 personas detenidas y de dar medida sustitutiva a Jorge Alfredo Tejada Argueta, vicepresidente de Constructora Nacional, S. A. (Conasa), y Carlos Enrique Figueroa Ravanales, administrador único y representante de Renova Ingenieros, S. A., constructoras implicadas en el caso.

Además, el MP dice que Moto autorizó parcialmente acceso a información bancaria dentro del mismo caso, pero retrasó por 40 días la entrega de los oficios, “lo cual ocasionó un serio perjuicio a las actividades investigativas de la Fiscalía y la administración de justicia”.

La Fiscalía señala que Moto habría cometido los delitos de cohecho pasivo, incumplimiento de deberes y retardo de justicia. Este caso ha sido conocido por el juez Tercero Penal, Geisler Pérez Domínguez.

Beneficio

No es la primera ocasión en que Moto es beneficiado con la anulación de la orden de aprehensión. El 2 de diciembre pasado el juez B Décimo Penal, Jimi Bremer, fue quien favoreció al exjuez al haber anulado una orden de captura que pesaba en su contra por estar vinculado al caso Comisiones Paralelas 2020.

Según el MP, en el este proceso se señaló la concentración de personas “para defender sus propios intereses o de terceros en el proceso de postulación para magistraturas de altas cortes, quienes al ser descubiertos por el MP utilizaron la función jurisdiccional del juez Mynor Mauricio Moto Morataya para intentar obstaculizar la obtención de pruebas para el proceso y así proteger a quienes aparezcan involucrados en la investigación de la Fiscalía”.