La libertad de prensa no es un elemento complementario en una democracia, es su piedra angular, sobre la cual descansan otras garantías fundamentales. Y no se trata de un derecho distante de la libertad de expresión, sino su concreción a través de un ejercicio profesional e institucional. Cuando gobiernos, grupos fácticos, entes extremistas o aduladores intentan acallar voces periodísticas críticas, están atentando contra el derecho a la libre emisión del pensamiento de todos los ciudadanos, así como el derecho a la información sobre asuntos públicos.

Los asedios directos e indirectos contra medios periodísticos y periodistas buscan, obviamente, mantener en las sombras determinados asuntos, con lo cual socavan la cuentadancia. A lo largo de la historia del país han existido múltiples casos de tales intolerancias. Paradójicamente, ninguna censura llega a acallar la verdad, sobre todo en tiempos digitales.

No obstante, dos casos recientes ilustran las vicisitudes que afronta la labor informativa. El medio República publicó en YouTube, el 5 de noviembre un videorreportaje, en el cual se detallan posibles anomalías de varias empresas contratistas del Estado, con domicilio fiscal compartido en un inmueble de la zona 2. Las adjudicaciones de las empresas van del 2020 hasta el presente año, por lo cual también hay cuestionamientos a funcionarios del actual gobierno, quienes no quisieron dar su postura en el reportaje de marras, pero luego criticaron la publicación. La Cámara Guatemalteca de Periodismo expresó su profunda preocupación, exigió investigar las verdaderas razones para la supresión y garantizar el derecho a la libre expresión.

Otro caso de asedio a un medio de prensa fue denunciado por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), y ocurrió a finales de octubre, a través de un ciberataque en contra del sitio web y servidores digitales del medio Prensa Comunitaria, que habrían tenido como objetivo borrar información y entorpecer su labor informativa. “Condenamos este ataque y reiteramos el llamado a proteger la libertad de prensa y la seguridad física y digital de los medios independientes en Guatemala”, indicó el CPJ en un comunicado.

Son múltiples los amaños y burdas estrategias para tratar de acallar la libre expresión. Algunos son más bien subrepticios, pero constantes. Desde los que se vuelven intolerantes a la crítica al punto de llegar a tratar mal a los periodistas que les hacen cuestionamientos, otros que evitan dar su versión sobre los hechos para luego emitir sendas aclaraciones o decir que lo publicado es mentira sin dar explicaciones a la ciudadanía u otros que reclaman a periodistas críticos acerca de que también publiquen sus “logros” y aspectos “positivos”, cuando en el caso de haber eficiencia y objetivos cumplidos tan solo es la ejecución de sus obligaciones.

Cabe mencionar que estas prácticas no son nuevas y que en los últimos años los periodistas en Guatemala han sufrido de diferentes tipos de acosos, censuras, ataques y hasta espurias persecuciones judiciales llenas de vicios que han violentado, en todos los casos, su derecho a la libre expresión, pese que está consagrado en el pétreo artículo 35 constitucional.