Los magistrados suplentes de la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo dejaron sin efecto la resolución del juez Delmar González y ordenaron devolver la finca ubicada en Zaragoza, Chimaltenango, a la entidad Vista Servicios Electrónicos S.A., vinculada al expresidente Otto Pérez Molina.

Según la decisión de la Sala, el juez supuestamente omitió elementos que la defensa presentó, incluido el hecho de que la investigación realizada por el Ministerio Público (MP) se hizo cuando Pérez Molina aún era presidente y gozaba del derecho de inmunidad, por lo que consideran que las pruebas, aunque apuntan a un lavado de dinero y obtención ilícita de fondos que derivaron en la adquisición anómala del inmueble, no son válidos y, por lo tanto, no se pueden usar como una prueba ante el juzgador para que este tomara su decisión.

La decisión fue unánime y validada por los magistrados Jaime González, quien fungió como presidente y anteriormente estuvo a cargo de la Sala Tercera de Apelaciones Penal, donde emitió resoluciones a favor del exalcalde Álvaro Arzú y en favor de los familiares del expresidente Jimmy Morales, vinculados al caso Botín Registro de la Propiedad.

Así también por el magistrado suplente Otilio Benjamín López, quien recientemente suplió a uno de los magistrados de la Sala Tercera Penal cuando decidieron girar órdenes de captura contra supuestos vinculados al caso Acuerdos Fraudulentos Odebrecht.

Y finalmente, el magistrado suplente Belter Mancilla, exdefensor del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP).

En la resolución, la sala, además de devolver la finca, también ordena la devolución de una cuenta bancaria que contiene Q1.4 millones, además fijo que en un plazo de cinco días después de notificados, se tiene que hacer efectiva la devolución de los bienes.

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EL CASO

Según la investigación y que a criterio del juez de extinción de dominio quedó probado en juicio, la empresa Vista Servicios Electrónicos S.A. se creó con la finalidad de esconder los fondos ilícitos que Pérez Molina habría adquirido durante su paso como presidente de la república.

Esto con la finalidad de así adquirir bienes a favor del exmandatario. Estos fondos, los cuales fueron introducidos al sistema financiero, fueron lavados para darles la apariencia de legalidad, y así adquirir la finca, la cual fue subvalorada y posteriormente modificada, por lo que pasó de costar Q2 millones a tener un valor de Q26 millones, aproximadamente.

Sin embargo, la investigación reveló que la empresa no tenía los requisitos mínimos para poseer los fondos con los cuales se adquirió dicho inmueble, lo que derivó en la averiguación que dio como resultado la ubicación de los hechos ilícitos.

No se descarta que el MP presente acciones de amparo contra la decisión de la sala.

PGN SE PRONUNCIA

Tras conocerse de la decisión de la Sala, la Procuraduría General de la Nación (PGN) advirtió que «ninguna resolución judicial es definitiva mientras existan recursos legales disponibles».

Con tal aseveración, afirman que estarán interponiendo «las acciones correspondientes para impugnar la resolución».