Un grupo de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) asignados a Zacapa custodió la unidad del Comando Élite del Sistema Penitenciario (SP) en la que se trasladó a María Fernanda Bonilla Archila y José Luis Marroquín Ovalle, señalados de haber matado a Melisa Palacios el 5 de julio de 2021.

Cuatro patrullas asignadas a Zacapa, dos de Chiquimula y una de la División de Fuerzas Especiales de la PNC resguardaban el ingreso al juzgado de Chiquimula, lugar donde se presentaron los dos sindicados el pasado 2 de abril de 2025.

De acuerdo con las autoridades del SP, el esquema de seguridad que se brinda a Bonilla obedece a alertas emitidas por la Unidad de Análisis de Información Penitenciaria y a una solicitud de la Fiscalía del Distrito de Zacapa del Ministerio Público, por posibles atentados en contra de la sindicada.

Prensa Libre tuvo acceso al documento emitido por el MP el 28 de octubre de 2024, dirigido al director del centro carcelario Los Ocotes, en Zacapa.

La Fiscalía de ese departamento, a través del oficio MP 287-2024-2194, solicitó mayor seguridad para la privada de libertad, María Fernanda Bonilla Archila.

El documento, firmado por el auxiliar fiscal Heberth Carlos Orellana Ventura, dice: De manera atenta me dirijo a usted —director de la cárcel— con la finalidad de solicitarle sus buenos oficios, a efecto de que instruya al personal a su cargo para que brinde vigilancia, protección y resguardo a la reclusa María Fernanda Bonilla Archila.

Según el Ministerio Público (MP), Flor de María Bonilla Archila, madre de la sindicada, interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Zacapa en la que señala ser víctima de extorsión y amenazas.

Flor de María Bonilla Archila está siendo víctima de extorsión y amenazas de atentar contra su vida y la de su familia, se señala. Además, se informó que la requerida se encuentra en el centro de detención que se menciona, señala el documento.

Ataques y vínculos con el narcotráfico

De acuerdo con los investigadores del caso, a María Fernanda Bonilla Archila le dispararon en septiembre de 2020 en La Pepesca, Río Hondo, Zacapa. En esa misma aldea, su madre, Flor de María Bonilla, también fue víctima de un ataque armado en julio de 2021.

Agregaron que las investigaciones por ambos ataques armados están relacionadas con grupos del crimen organizado.

Detectamos una posible pugna entre dos grupos del narcotráfico que operan en Zacapa, aseguraron.

Los familiares y abogados de Melisa Palacios han denunciado la presencia de grupos armados que se ubican en los alrededores del juzgado cuando se realizan las audiencias contra María Fernanda Bonilla y su guardaespaldas, José Luis Marroquín Ovalle.

Comentaron que, a pesar de la ostentosa portación de armas de fuego, la PNC no actúa contra esas personas.

La Dirección General del Sistema Penitenciario afirmó que solicitan el apoyo de la policía “según sea la necesidad del esquema de seguridad establecido”.

Estado actual del proceso

El proceso penal por la muerte de Melisa Palacios sigue en etapa intermedia, pero el Instituto de la Víctima y el MP insisten en trasladar el expediente a un juzgado de Mayor Riesgo en la capital, debido a dudas sobre la imparcialidad del tribunal actual.

Según el institución, la solicitud se basa en que los tres jueces a cargo ya conocieron fases previas del caso, incluso cuando los acusados intentaron acogerse a un procedimiento de aceptación de cargos y luego se retractaron.

Aunque una de las recusaciones fue aceptada y una jueza fue apartada del tribunal, los otros dos jueces, incluido Juan José Regalado Rivas, continúan en el caso, indicó.

El MP fue notificado este miércoles 9 de marzo sobre el recurso de apelación que resolvió la Corte Suprema de Justicia para que la Cámara Penal analicé si el caso deba ser trasladado a n juzgado de Mayor Riesgo.

¿Por qué el MP busca que el caso ya no sea conocido en el Juzgado de Chiquimula?

El caso de Melisa Palacios comenzó en el Juzgado de Zacapa y, según el MP, debido al cambio de delito a Bonilla, a homicidio cometido en estado de emoción violenta, y a José Luis Marroquín Ovalle, por encubrimiento propio, la situación en esa judicatura se tornó “tensa”.

Comenzaron las manifestaciones y hechos de violencia fuera del juzgado; los familiares de la víctima eran agredidos, y esas circunstancias podrían generar que el caso fuera trasladado a Chiquimula, donde la situación sería similar, explicó el MP.