Este 4 de diciembre, el almirante Frank Bradley, acusado de haber ordenado matar a dos supervivientes tras un ataque contra una supuesta narcolancha el pasado 2 de septiembre, negó haber dado esa orden.

Las declaraciones de Bradley se produjeron durante una reunión a puerta cerrada con miembros de las Fuerzas Armadas del Senado y de la Cámara de Representantes.

Dicha reunión se realizó para determinar la legalidad de los ataques y operaciones militares efectuadas en el Pacífico, como parte del plan de Donald Trump para combatir los carteles de droga.

El senador republicano Tom Cotton confirmó a los periodistas las declaraciones de Bradley y reiteró su respaldo al señalar que, si él estuviera en el lugar del almirante, “habría ordenado múltiples ataques”.

Por otro lado, el legislador demócrata Jim Himes afirmó que la reunión con el almirante, sumada a la posibilidad de haber visto el video del segundo ataque a la narcolancha, fue “una de las cosas más inquietantes que ha visto en su vida”.

Además, un funcionario de Defensa indicó a los medios que Bradley consideró a los dos supervivientes del ataque como “objetivos militares legítimos”, aquienes, según dijo, se les pudo identificar como narcoterroristas.

Donald Trump, presidente de EE. UU., restó importancia a la polémica al asegurar que publicará el video del segundo bombardeo.

De igual forma, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, señaló que no supervisó la operación de manera directa.

La polémica comenzó con un reportaje de The Washington Post, en el que se señaló que en ese ataque, en el que murieron 11 personas, se ejecutó un segundo bombardeo para “rematar” a dos supervivientes.

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