La discusión anual para fijar el salario mínimo en Guatemala sigue siendo un proceso predecible, débil. No se logró un consenso en la comisión tripartita y quedó en manos del presidente Bernardo Arévalo decidir sobre tal incremento. Esta variación anual es un factor de ruido para cualquier inversionista interesado en instalarse en el país a largo plazo. No hubo diferencia en el aumento del departamento de Guatemala —circunscripción 1— y el resto del país —circunscripción 2—: 7.5% para el salario mínimo urbano, 5.5% para el agrícola y 4% para maquila.

Los porcentajes definidos se alejan de escenarios más disruptivos, propuestos por ciertos grupos politiqueros y se acercan, según el Gobierno, a lo técnico, aunque sectores económicos no lo ven así. Y es que el problema de fondo no es que el salario mínimo se revise al alza, sino que Guatemala haya normalizado un esquema en el que esta definición recae, año tras año, en una sola instancia. El Estado es responsable de crear las condiciones que permitan que esos estipendios y empleos formales sean sostenibles.

Sin embargo, lejos de eso persiste la infraestructura vial deficiente, altos costos logísticos, dificultades portuarias; inseguridad y extorsiones siguen afectando la productividad de las empresas que operan dentro de la legalidad y compiten en mercados nacionales e internacionales cada vez más exigentes. A ello se suma que la decisión se apoya en supuestos macroeconómicos que requieren una lectura más cuidadosa. El crecimiento económico cercano al 4% que cita el Gobierno se explica, en buena medida, por el dinamismo de las remesas migrantes, cuyo aumento responde más a la falta de oportunidades laborales internas que a una expansión sostenida del empleo productivo.

Llama la atención, además, que la Junta Monetaria no haya emitido una opinión pública sobre la fijación salarial, pese a ser una instancia clave para evaluar impactos macroeconómicos, inflacionarios y de competitividad. El Ejecutivo cita, en su comunicado, el incremento de afiliaciones al IGSS como evidencia de fortaleza del empleo formal. Sin embargo, aunque estas efectivamente aumentaron en 2025, lo hicieron a un ritmo menor que el año anterior, evidenciando una desaceleración preocupante.

Utilizar como referencia comparativa los años 2018 y 2019, sin considerar el contexto actual de costos, logística y presión competitiva, ofrece una lectura parcial que reduce la solidez del análisis y empobrece el debate público. En un país donde más del 70% de la población ocupada se encuentra en la informalidad, el verdadero desafío no es únicamente cuánto sube el salario mínimo, sino cuántos trabajadores permanecen fuera de cualquier regulación. Un sueldo mínimo razonable, consensuado y diferenciado por sector puede convertirse en un incentivo para que más empresas se formalicen. El sector informal también subcontrata personas cuyas condiciones laborales nadie monitorea, cuyo salario efectivo nadie regula y no reciben prestaciones.

Toda política salarial o fiscal que castigue la formalidad, sin mejoras estructurales en productividad, termina amenazando plazas laborales, sobre todo en un entorno cada vez más tecnológico y especializado. A la larga, el Gobierno debería propiciar la capacitación del talento humano para optar a plazas más técnicas, digitales, multilingües, que no dependerían de un ingreso mínimo. La discusión de salario mínimo no puede seguir aislada de la estrategia nacional de competitividad, para generar más certeza de inversión y crecimiento.