Es inaceptable la decisión de la Junta Monetaria de agregar 750 millones de dólares para carreteras, no porque sea necesario hacerlo, sino porque en el presupuesto general de gastos de la nación, es decir Q145 mil millones (números redondos), aún hay una suma disponible de Q11 mil millones asignados al Ministerio de Comunicaciones. No se debe olvidar: el desprestigio de un gobierno, entre otros factores, se debe a la falta de conocimiento popular de los motivos de extrañas decisiones como pedir prestado dinero con intereses. En este momento, es urgente para Arévalo no dejar abiertas esas dudas, tan fáciles de convertirse en críticas sobre conclusiones ciertas, aunque en la intención de hacerlo se esconda mala fe o sean verdades presentadas parcialmente.

Se evidencian de nuevo varias posibilidades. La primera, constituir una manera de tomar decisiones inconvenientes y/o malintencionadas. La segunda, persistir en criterios poco o antitécnicos. La tercera, tener clara la imposibilidad de arreglar carreteras como la ruta al Atlántico, cuyos efectos alcanzan Puerto Barrios, los departamentos del oriente del país, Petén y las Verapaces. Ampliar los caminos rurales es urgente, sin duda, pero se debe saber cuántos carriles tendrán, la distancia con los taludes de montaña muy inclinados, desprovistas de árboles y con tierras aflojadas por la inmisericorde tala. Mientras se hacen estudios y planos, la obra no estará terminada cuando termine el actual gobierno. Se puede afirmar: Guatemala ya no tiene carreteras confiables.

Los datos del Banco Interamericano de Desarrollo son claros: la ruta del Pacífico al Atlántico es el principal eje de desarrollo económico, tanto para Guatemala como para Centroamérica. El Banco Mundial otorgará 350 millones de esos 750, pero obviamente esta suma se alimentará a la deuda nacional, cuyos intereses absorben parte del dinero otorgado y del presupuesto del país, el mayor de la historia nacional. Por aparte, el arreglo de la totalidad de las carreteras también resulta indispensable para asegurar las posibilidades de desarrollo económico. Para lograrlo en el menor tiempo posible deben utilizarse carreteras de peaje, con la diferencia sobre la forma como se hizo el tramo Palín-Escuintla en tiempo de Álvaro Arzú.

En esa ocasión, el Estado guatemalteco realizó la obra y luego la entregó sin costo a una empresa privada extranjera cuya tarea solo era el mantenimiento. La mala colocación de las garitas de cobro, una de ellas en un largo descenso, provocó su destrucción cuando un tráiler sin frenos chocó de frente y por milagro no mató a los receptores del peaje. El precio de la tarifa debió haber sido menor, porque este debe tener relación con la inversión de la empresa, aunque puede haber otro tipo de partición de las tarifas, con beneficio para ambas partes. Otro caso es el de Odebrecht, empresa brasileña ejemplo de total corrupción, contratada en el 2012 por el ministro Alejandro Sinibaldi.

Bernardo Arévalo debe tomar en cuenta esta historia de corrupción para darse cuenta de por qué debe transparentar con toda severidad el proceso del tema de este artículo. En este momento, la sospecha del hecho de aumentar la deuda nacional cuando hay dinero sobrante está, a mi juicio, plenamente justificada. No tomarlo en cuenta es, como mínimo, prueba de “inocencia” (¡!!!) tanto de él como de su círculo cercano si, además, mantiene su postura sin cambio y sin tomar en cuenta criterios eminentemente político-técnicos. La población chapina ya ha avanzado en sus conocimientos y críticas sobre la forma del manejo del dinero del erario, y a causa de la importancia política y económica de la carretera al Atlántico, por algo se le llama “la yugular de Guatemala”.