La Corte de Constitucionalidad declaró inconstitucional el Reglamento para la gestión integral de residuos sólidos del MARN, vigente desde febrero de 2025 y reformado en 2023, tras un recurso presentado por el diputado Ronald Portillo, quien alegó que se violaba la autonomía municipal, protegida en el artículo 253 de la Constitución.

El fallo, aprobado por unanimidad, determinó que corresponde a los municipios definir cómo organizar la recolección y tratamiento de desechos sólidos, dejando sin efecto los Acuerdos Gubernativos 164-2021 y 184-2023.

La CC señaló que la norma transgredía los principios de seguridad jurídica y autonomía municipal, al centralizar decisiones que por ley competen a los gobiernos locales.

La ministra Patricia Orantes resaltó que la implementación de la separación de desechos no podía imponerse de manera obligatoria desde la administración central y enfatizó la necesidad de que el sector privado mejore el diseño de productos y embalajes para reducir la contaminación.

El reglamento que queda anulado había establecido multas de hasta 40 salarios mínimos por no separar los desechos en orgánicos, reciclables y no reciclables, medida que generó protestas y bloqueos en distintas zonas de la ciudad.

Por Redacción Web