Recurrir al endeudamiento para compensar presupuestos deficitarios —con el pretexto de que se impulsará más el desarrollo— es un déjà vu recurrente que solo constituye una premonición de más burocracia inútil, de más excusas y más voracidades: basta ver la gazuza legislativa para forzar a pura presión leguleya el oscuro bolsón de los Codedes, también para el “desarrollo”. El Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos 2026 propuesto por el Ejecutivo y pendiente de discusión en el Congreso asciende a Q163 mil 783 millones, de los cuales, cerca del 20% se financiará con endeudamiento.

Varios sectores productivos y técnicos se han pronunciado en contra de tan inflado crecimiento, dadas las actuales deficiencias de ejecución, sobre todo en materia de obra vial, que sigue siendo un lastre económico nacional. En efecto, lo más contradictorio de dicho monto es que solo un 18% se destina a inversión; el resto de los recursos va a funcionamiento y pago de deuda anterior.

Ha sido una tendencia irresponsable, estéril y onerosa de sucesivos gobiernos: apelar a los mismos ofrecimientos manidos para intentar justificar el incremento del gasto y el parche de deuda. El resto lo hace el tumulto politiquero de los congresos, algunos en franca aplanadora y otros, en descarado pacto de despilfarro. Durante la administración de Álvaro Colom, el programa de gasto estatal creció 35%, con Otto Pérez Molina ascendió a 18%; con Jimmy Morales, un 24%, y con Alejandro Giammattei, 10% al momento de entregar el gobierno. En la actual gestión, habrá aumentado 40% respecto del primer año. La diferencia de resultados dista de marcar una diferencia decisiva, pero sí contrasta con el previo discurso del ahora grupo oficialista.

En la teoría de pesos y contrapesos, el Legislativo debería aportar esa voz racional, ese sentido crítico y el reflejo de las grandes expectativas ciudadanas allí representadas. En lugar de eso, las bancadas se lanzan a ver cuántos dulces logran recoger de la piñata y hasta abren agujeros adicionales, como ocurrió con el burdo e ilícito aumento salarial que se recetaron el 28 de noviembre del 2024, con nocturnidad y traición. Todo parece indicar que esta vez tratarán de consolidar su desfachatez echando mano de supuestos “ahorros” del Congreso.

Por si fuera poco, prosigue esa maña subrepticia de seguir buscando incidencia en las asignaciones de fondos departamentales, a través de los Codedes y alcaldes coaligados. De cara a los comicios del 2027, el próximo año podría ser pletórico en obras electoreras, adjudicadas a la carrera, posiblemente bajo fragmentaciones mañosas. La perversidad de estas prácticas está demostrada con la ineptitud para ejecutar el bolsón de gasto edil, que sumó casi Q12 mil millones y que sigue a medio usar.

Para más desgracia de los tributantes, existe el riesgo de que se debiliten aún más los mecanismos de transparencia. El carácter anodino de la bancada oficial es el pretexto perfecto para negar la participación en este despropósito, pero no la exime de responsabilidad ante la historia. La historia no ayuda al optimismo: los intereses que dominan la Comisión de Finanzas suelen pensar más en los repartos y gazuzas que en la eficiencia o la rendición de cuentas. Guatemala no necesita un presupuesto inflado, sino uno inteligente. Lo sensato sería asignar más fondos a la inversión productiva, reducir la burocracia y reducir el endeudamiento. Al fin y al cabo, el Estado no produce recursos, solo los gasta, y a menudo los despilfarra sin vergüenza alguna.