En materia de seguridad pública las estadísticas interanuales y las tasas de homicidios o hechos delictivos por cada cien mil habitantes suelen ser la herramienta más socorrida de análisis y cuestionamiento. El paulatino descenso en las muertes violentas alcanzó en el 2024 su nivel más “bajo” en una década: dos mil 869 homicidios. En 2023 fueron dos mil 944: un 4% menos, aunque el año con menos decesos violentos fue el 2020, a causa de la pandemia: dos mil 577. En todo caso, el desafío se ha heredado entre gobiernos; por supuesto, cada uno con sus propios aciertos, errores e inercias. En conjunto, la última década refleja una cifra abrumadora: más de 35 mil muertos por violencia homicida.

El inicio del 2025 en Guatemala se ha visto impactado por sucesos violentos en la vía pública y a plena luz del día. El más reciente fue la balacera registrada al mediodía del miércoles 12 en la transitada carretera a El Salvador, hecho que tiene todos los indicios de estar relacionado con disputas entre grupos del narco. No es la primera de su tipo, pero fue llamativa la tardanza de la fuerza policial en llegar al área del incidente, que quedó grabado en videos aficionados. Las detenciones resultantes, en parte gracias a personal de seguridad privada, servirán para esclarecer, pero, sobre todo, evitar que este tipo de sucesos vuelvan a ocurrir.

Pero en el año se han registrado asaltos a buses urbanos, ataques contra pequeños negocios a causa de presumibles extorsiones y atracos en vías transitadas, uno de los cuales causó la muerte de una oficial del Ejército de Guatemala que trabajaba en la seguridad vicepresidencial y cuyos perpetradores no han sido capturados, a pesar de, supuestamente, contar con descripciones y fotografías a partir de videos del hecho. La tardanza prolonga la impunidad y genera otras connotaciones.

Una y otra vez, muchas acciones criminales tienen vasos comunicantes con prisiones del país, desde las cuales se coordinan exacciones y ejecuciones. Un centenar de pandilleros e imitadores han sido encerrados en la prisión de máxima seguridad Renovación 1, de la cual algunos reos tratan de salir mediante recursos de amparo interpuestos en juzgados. Recién ayer se efectuó una requisa en la cárcel de Quetzaltenango y fue trasladado otro grupo de convictos de alta peligrosidad. Pero urgen más avances en el control y percepción de control, además de la coordinación y reacción eficaz del aparato de seguridad pública.

Por parte del ente designado para tener el monopolio de la persecución penal, el Ministerio Público, se necesitan más y mejores logros en la lucha contra la violencia criminal que asedia en las calles. Lo mismo cabe decir de los criterios empleados en el Organismo Judicial para proteger a la ciudadanía. Baste mencionar el lamentable precedente de un individuo llamado Mario “N” que el 28 de noviembre baleó a un cuidacarros en el parque Centenario: fue capturado y el juez lo dejó libre bajo caución. Tres semanas después fue detenido cuando disparaba al aire, con armas sin licencia. ¿En qué estado se encuentra por ambos procesos?

Finalmente, es necesario y urgente impulsar la instalación de nuevas cámaras y la sustitución de otras en puntos críticos de la ciudad. Estas son útiles para el monitoreo del tránsito, pero demostrado está que también detectan delitos en proceso y se pueden utilizar para formular acusación contra delincuentes. De nada sirven cámaras que solo transmiten imágenes borrosas. En tiempos del 4K es irrisorio que no se contemple esta herramienta de vigilancia tecnológica con más eficiencia. Mientras tanto, como dijo Arjona en su canción Noticiero: “Abrace a los suyos y aférrese”.