Ayer comentamos la noticia de sanciones impuestas en la ciudad de Guatemala a transportistas extraurbanos que transitaban sin cumplir elementales requisitos para operar en ese servicio público y dijimos que tendrían que expandirse tales operativos para restablecer el orden en un tema tan complejo y delicado, por su impacto en la pérdida de vidas. Horas después llegó al Congreso la Directora General de Transportes del Ministerio de Comunicaciones, la licenciada Pai Ela Escobar Pérez, citada por diputados, entre otras cosas, por el tema de la falsificación de documentos tan corriente en el transporte extraurbano.

Hay que recordar que son muchos los congresistas que tienen relaciones con varios transportistas y empresas de transporte en el país y no debe sorprender a nadie que se incrementen los esfuerzos para recuperar los espacios que muchos pueden sentir perdidos.

La funcionaria se centró en que considera inconstitucional que las municipalidades quieran restablecer orden en sus jurisdicciones realizando operativos para determinar, en primer término, la validez de las licencias de operación y las que portan los pilotos que, por ley, tienen que tener una licencia profesional legítima y no como las que es tan fácil conseguir en nuestro país mediante un pinche soborno.

Es vital además entender que si muchas municipalidades están al servicio de oscuros personajes, “el esfuerzo” que hagan por las multas tenga más que ver con cuotas de poder y control para forzar a negociar con el afán de incrementar y mejorar procesos para el cambio en el transporte colectivo.

La DGT no ha sido ejemplo de transparencia porque fue un reducto que se repartieron las mafias y ahora es cuando se vuelve necesario que la directora y su equipo, presenten las reformas necesarias para dar saltos de calidad y pasos de cambio que nos ayuden a construir un camino en el que haya certeza que se acaban las malas prácticas del pasado que hicieron del puesto que ella ostenta, uno de los más codiciados por los rendimientos económicos que llegaba a producir. Es cosa de todos trabajar por cambiar esa realidad. Sabemos del poder de los transportistas y conocemos además el impacto que tiene, en vidas humanas, que las mafias se salgan con la suya.

Por supuesto que una Dirección General de Transportes tiene, por ley, la obligación y responsabilidad de controlar las operaciones de ese servicio público en las carreteras nacionales, pero cada municipio, en su jurisdicción, tiene facultades para dictar regulaciones del tránsito que deben ser cumplidas por todos los que circulan en esa circunscripción, sean o no pilotos de buses extraurbanos.

La DGT necesita mandar mensajes claros que están terminando con las malas prácticas y ahora, con el cambio en el Ministerio Público, debemos ver a muchos de sus empleados o exempleados enfrentar procesos por lo que han hecho, porque ha sido, literalmente, moneda corriente la que se traduce en mordidas para obtener toda clase de permisos.

Dejar estar las cosas como están ya sabemos a quiénes interesa y conviene. Entrarle al toro por los cuernos y sancionar a los transportistas que no cumplen la ley es algo urgente en lo que debe participar toda la estructura del país.