Ana Isabel Antillón, coordinadora del eje de certeza jurídica de la iniciativa Guatemala No Se Detiene (GNSD), analizó la posición de la autoridad local y el mensaje que se envía a la comunidad inversionista.

Explicó que el caso del corredor Xochi, en Mazatenango, envía una señal de alarma que un país que aspira a atraer inversión productiva no puede permitirse.

“Es un proyecto que cumplió con el marco legal vigente y cuenta con el acompañamiento técnico del Banco Interamericano de Desarrollo. Por seguridad jurídica, conforme a los artículos 2 y 28 de la Constitución, no puede ser detenido en vísperas de su inauguración mediante el silencio administrativo deliberado de una autoridad municipal”, explicó la especialista.

Según Antillón, para los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, la seguridad jurídica es una condición sine qua non de cualquier decisión de inversión a largo plazo, por lo que el mensaje que se envía es que cualquier inversión puede quedar supeditada a la discrecionalidad de una autoridad local.

Ello eleva artificialmente el perfil de riesgo del país y disuade precisamente el tipo de inversión privada en infraestructura que Guatemala más necesita para cerrar su brecha vial.

“Sostenemos que la modernización del país no puede avanzar si las reglas del juego se alteran en medio del proceso o en la recta final de un proyecto, como en el presente caso”, puntualizó.

Proyecto Xochi enciende alarmas jurídicas

Antillón añadió que, desde la perspectiva de Guatemala No Se Detiene (GNSD), este caso deja tres lecciones en materia de certeza jurídica.

La primera es que la brecha entre el marco normativo y su aplicación efectiva constituye uno de los principales obstáculos para el desarrollo.

“La empresa desarrolladora solicitó la renovación de su licencia de construcción con suficiente antelación al vencimiento, pero la autoridad respondió con silencio administrativo”, afirmó.

Según Antillón, esta conducta refleja una institucionalidad municipal que carece de los procesos y la capacitación necesarios para gestionar proyectos de esta escala y complejidad.

Añadió que la coordinación interinstitucional es una condición para el éxito, no un trámite opcional.

“Un proyecto de infraestructura que atraviesa seis municipios requiere mecanismos formales de coordinación entre el Gobierno central, las municipalidades involucradas y el sector privado. La ausencia de dichos mecanismos crea espacios de vulnerabilidad en detrimento del interés general”, aseveró.

Finalmente, señaló que el sistema de garantías jurídicas debe operar con la misma velocidad que la economía.

“Que la empresa haya debido recurrir a amparos para salvaguardar una obra casi concluida evidencia que los mecanismos ordinarios de tutela administrativa son insuficientes. Guatemala necesita vías expeditas, administrativas y jurisdiccionales, así como métodos alternativos de resolución de conflictos, para resolver en tiempo real las controversias que afectan proyectos de interés público”, remarcó Antillón.