Desde los albores de la civilización, la humanidad ha buscado soluciones a la pobreza, esa condición que parece inherente a la sociedad. Aunque han surgido diferentes sistemas y propuestas, hasta la fecha no existe un proceso social más eficiente que el mercado para enfrentar la pobreza de manera sostenida y generalizada.

El mercado es mucho más que compraventa de bienes y servicios. Es, ante todo, un proceso de coordinación entre individuos y organizaciones, donde cada parte busca satisfacer sus necesidades o mejorar su bienestar, para lo cual debe ofrecer en condiciones competitivas (al mejor precio y calidad posibles) sus propios bienes o servicios. De esa manera, buscando satisfacer sus propios intereses, resuelven las necesidades de los demás.

Sin embargo, el mercado solo despliega todo su potencial cuando el Estado cumple un papel fundamental: garantizar efectivamente los derechos de propiedad sobre los bienes y activos, tanto tangibles como intangibles, que circulan en el sistema, así como la libertad de contratación y de comercio.

Los derechos de propiedad no son solo papeles legales; representan la confianza que permite a las personas invertir, innovar y negociar. Cuando estos derechos están claros, protegidos y respaldados por las instituciones, los ciudadanos y empresas se animan a tomar riesgos, generando nuevas oportunidades y riqueza. Pero esto no basta. El Estado también debe organizar las instituciones que garantizan dichas libertades, necesarias para que las obligaciones contraídas en el proceso del mercado se hagan cumplir y los derechos respectivos se hagan valer.

Libertad para negociar, para invertir, para elegir. Libertad para emprender y para asociarse. Sin estas libertades, el mercado se convierte en un espacio restringido, donde la creatividad y la iniciativa se ven limitadas. Pero, además, debe existir un ambiente de seguridad, tanto personal como jurídica. Sin seguridad, los inversores, ahorristas, consumidores e intermediarios dudan, se retraen y el dinamismo económico se apaga.

La seguridad jurídica significa que las reglas del juego son claras y estables; que las decisiones judiciales son conocidas, crean expectativas ciertas y fiables que los agentes en el mercado siguen, como las señales en un camino. La seguridad personal, por su parte, implica que las personas pueden desarrollar sus actividades económicas sin temor a la violencia, el fraude o el abuso.

Olvidar estos principios es perder el rumbo. Un mercado sin garantías de derechos, libertades y seguridad es un espacio estéril, donde ni florece la inversión ni se combate la pobreza. Por eso, no basta con defender el mercado como mecanismo; es imprescindible fortalecer las instituciones que lo sostienen.

El mercado ha demostrado ser la mejor herramienta social contra la pobreza, pero en países en vías de desarrollo, como Guatemala, hay una porción de la población que, por sus propias fuerzas y recursos, no puede salir adelante en el marco del mercado. También en cuanto a ese segmento de la población hay un papel importante para el Estado, invirtiendo en satisfactores, como la educación y la salud, que mejoren sus oportunidades.