El Congreso se ha vuelto predecible en sus sesiones plenarias de los jueves: cada semana se convoca a interpelaciones que no concluyen por la inasistencia de diputados. En un año suman 33 sesiones que, en días laborales, equivale a más mes de salario.

El juicio político no es exclusivo de la décima legislatura. Es una dinámica heredada de periodos anteriores, en los que algunos diputados la han utilizado para presionar a funcionarios. Uno de los episodios históricos ocurrió en el 2012 cuando el entonces diputado del extinto partido Líder, Roberto Villate, prolongó durante 12 horas el cuestionamiento al ministro de Finanzas, Pavel Centeno.

En el último año, el Congreso ha dedicado una de las dos sesiones semanales para programar interpelaciones, en jornadas que avanzan muy poco en cada reunión.

La primera interpelación de la actual legislatura comenzó el 6 de agosto del 2024. Fue un proceso de fiscalización ante el pleno contra el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, que finalizó tres meses después, el 7 de noviembre.

Después vino el receso parlamentario de fin de año, que dio paso al segundo año de la actual legislatura. El 6 de marzo de este año comenzó la interpelación al ministro de Salud, Joaquín Barnoya, que lleva cinco meses en el juicio político ante el pleno. En ese tiempo no se ha completado el listado de 35 preguntas básicas.

La primera interpelación duró 15 sesiones, mientras que la segunda, según datos de Congreso Eficiente, con la pasada convocatoria, acumulaba ya 18 llamados al pleno. Es decir, se han dedicado 33 sesiones para interpelaciones.

Si se calculan como días de trabajo, las sesiones dedicadas a las interpelaciones ya suman un mes de salario que con el actual aumento, asciende a Q9 millones 979 mil, correspondiente a la nómina de los 160 diputados.

Las interpelaciones

Las organizaciones sociales que integran Congreso Eficiente han contabilizado 17 solicitudes de interpelación contra ministros de Bernardo Arévalo, incluyendo la primera que finalizó y la segunda que está en desarrollo.

Cuando concluya la interpelación al titular de Salud, corresponde la de otros tres funcionarios del Organismo Ejecutivo:

• Ministro de Desarrollo Social
• Ministro de Comunicaciones
• Ministra de Ambiente

También hay otras interpelaciones que la Junta Directiva del Congreso no ha programado porque no se han leído en el pleno, lo que muestra un criterio discrecional, según diputados.

“Fue una táctica en la presidencia de Allan Rodríguez, siguió Shirley Rivera y ahora la implementa Nery Ramos. Hay una dinámica de la Junta Directiva para reducir la posibilidad de las sesiones”, criticó Orlando Blanco, del bloque Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS).

Blanco explicó que solicitaron una interpelación a Jonathan Menkos, ministro de Finanzas, por no asistir a más de 14 citaciones, y argumentó que la interpelación es el último recurso ante funcionarios que rechazan la fiscalización.

El diputado Bequer Chocooj solicitó la interpelación al ministro de Salud, que está en desarrollo, pero ha presentado otras a las que no se les ha dado lectura y no se han programado.

“Es una violación a la Constitución. Una vez interpuestas, se debe canalizar la interpelación; esto es un derecho”, afirmó el diputado, quien consideró que no leer las solicitudes podría implicar delitos como incumplimiento de deberes y abuso de autoridad.

Pendientes de lectura

• Ministra de Educación
• Ministro de Finanzas
• Ministro de Desarrollo Social
• Ministra de Agricultura
• Ministra de Trabajo
• Ministro de Finanzas
• Ministro de Comunicaciones
• Ministro de Relaciones Exteriores

Además, hubo cuatro solicitudes de interpelación de las que se desistió: dos ya habían sido programadas y dos estaban pendientes de lectura.

• Ministro de Salud
• Ministro de Comunicaciones
• Ministra de Agricultura
• Ministra de Cultura

Para Blanco, es necesario que el Congreso analice cómo avanzar con las interpelaciones. Propone añadir uno o dos días más de sesiones semanales, aunque considera que, aun así, los resultados serían los mismos por la falta de acuerdos en la actual directiva parlamentaria.

Ineficiente pero necesaria

Para analistas políticos, esta figura da pocos resultados como mecanismo de fiscalización y, por el contrario, ha adquirido un fin alejado del control de los recursos públicos.

Francisco Quezada, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), considera que hay abuso de la figura, lo que genera pocos o nulos resultados.

“Han sido de muy baja efectividad. Las interpelaciones han empezado a perder lógica y razón en el ejercicio de fiscalización porque, salvo algunas excepciones, son una herramienta de chantaje cuando a un diputado no lo complacen con algo del Ejecutivo”, dijo.

Añadió que debería reformarse la dinámica de las interpelaciones: “Con la deformación del Estado, lo natural en el sistema republicano era que sirvieran para fiscalizar. Ahora hay entes que manejan más dinero que los ministerios”.

Según Quezada, corporaciones municipales y consejos departamentales de desarrollo administran más recursos que los ministerios, entidades y autoridades que sí pueden ser interpelados.

Por su parte, Guillermo Cifuentes, analista de la organización Aire, afirmó que las interpelaciones son necesarias para evitar que el Ejecutivo actúe sin control.

“Es una facultad del Congreso para dar contrapeso al Ejecutivo y controlar sus funciones, trabajo y eficiencia”, indicó.

Coincidió en que existe abuso: “Los ministros pasan más tiempo en el Congreso que en sus carteras. No es algo exclusivo de la actual legislatura; se repite en cada Congreso y, por el contrario, empeora”.

Cuestionan mecanismos

El Organismo Ejecutivo, al ser consultado sobre las comparecencias al Congreso, declaró que respeta el derecho de los diputados a la fiscalización pero en la actual legislatura no se ha observado un auténtico sentido de supervisión de sus funciones.

“El Gobierno ha reiterado que respeta el derecho a la interpelación, como mecanismo de rendición de cuentas garantizado en la Constitución, pero este debe usarse con responsabilidad y atendiendo a su verdadera razón de ser. Las interpelaciones no deben realizarse bajo motivaciones ajenas a la fiscalización y rendición de cuentas; se ha evidenciado que las interpelaciones, durante esta administración de gobierno, no han tenido objetivos de fiscalización claros y más parecen ser plataformas para que los interpelantes puedan realizar demostraciones políticas que en nada benefician al pueblo de Guatemala”, respondió el departamento de Comunicación Social de la Presidencia.

Añadió: “Afecta enormemente y, a la postre, entorpece la labor de los Ministros y las Ministras. Tenemos un número elevado de ministros que llevan meses con la obligación de asistir personalmente, y con sus equipos, al Congreso, a la espera de su turno para la interpelación. Prácticamente, han tenido que trasladar sus despachos al Organismo Legislativo -pensemos en lo que eso representa para el cumplimiento de sus labores-; a ello se suma que no pueden atender compromisos esenciales como parte de sus funciones”.