Es notoria la ausencia, el silencio y, por ende, la tácita complicidad de los llamados secretarios generales de partidos políticos y también de sus comités ejecutivos para expresarse en contra del ilícito autoaumento de sueldo de los diputados, aprobado con alevosía y nocturnidad el 27 de noviembre, a espaldas de la ciudadanía, junto a todo el paquete presupuestario. De hecho, era tal el cúmulo de anomalías en esa disposición, que la Corte de Constitucionalidad ordenó que se discutiera en el pleno la ampliación presupuestaria destinada a aumentar fondos a los Codedes, lo cual el Congreso enmendó rápidamente.

La CC también ordenó que el autoaumento se discutiera en el pleno, pero integrantes de la Junta Directiva se autorrecetaron la potestad de avalar el incremento. Este amaño, tan deplorable como el del madrugón del 27 de noviembre, se cometió el 4 de febrero, en una sesión presidida por el primer vicepresidente, Jorge Romeo Castro Delgado (Viva), con votos a favor de Jorge Ayala Marroquín (Valor), Kevin Luis Carlo Escobar Castillo (Cabal), Karina Alexandra Paz Rosales (VOS), Mario Ernesto Gálvez Muñoz (UNE), Sabino Sebastián Velásquez Bámaca (Bien) y José Pablo Mendoza Franco (Creo). El presidente del Congreso, Nery Ramos, no estuvo presente y solo el tercer secretario, Juan Rivera, votó en contra.

La existencia de tal acta se negó por varias semanas, mientras transcurría febrero y el aumento se cocinaba a fuego lento bajo tal treta, como una traición financiera al pueblo de Guatemala. El 12 de ese mes, la CC aclaró su tibia resolución inicial contra el incremento y señaló que esta no constituía un aval, por lo que se requería de la discusión en el pleno. Por temporalidad y elemental lógica, el debate en esta instancia era y es imperativo para derogar el acomodaticio despropósito.

El autoaumento es un sainete disfrazado con traje legaloide, pero es ajeno y le queda grande. Es ajeno porque los fondos pertenecen al pueblo de Guatemala, al que los diputados dicen representar, y les queda grande porque es una pretensión abusiva, improcedente, irrespetuosa e injustificable. Se puede anticipar que será derogado porque no cumplió con las elementales normas administrativas, porque lastraría permanentemente el presupuesto y porque se urdió de manera artera un autobeneficio, lo cual entraña un conflicto de interés, por no decir una abierta desfachatez.

La organización comunitaria de los 48 Cantones de Totonicapán ha expresado en varias ocasiones su repudio al autoaumento, al calificarlo de abuso, y exige su derogatoria. Mientras tanto, la asociación Movimiento Cívico Nacional reunió más de cinco mil firmas de ciudadanos para ejercer el derecho de petición para que el pleno le ponga la reversa a este atropello. Así también, la CC debe resolver varios recursos, incluyendo una debida ejecutoria del amparo que obligó al Congreso a volver a aprobar el presupuesto de los Codedes.

Según los diputados, el haber rehuido la plenaria para discutir el autoaumento, dejándole el asunto a la directiva incompleta, ya les rescataba el incremento. La sola resistencia de mostrar dicha acta durante semanas y las insistentes negaciones de su existencia denotan pleno conocimiento de su improcedencia. En la siguiente sesión plenaria debería entrar la moción privilegiada para discutir este intríngulis y dejarlo sin efecto. Y si acaso existen legisladores que vuelvan a apoyarlo, que se anoten bien sus nombres y los de sus partidos; que las comunidades exijan cuentas a sus diputados distritales y también una postura clara a los presidenciables que callan ante esta clase de extralimitaciones convenencieras.