La nueva ley fiscal aprobada este martes por el Senado de Estados Unidos inyectará miles de millones de dólares al proyecto antimigratorio del presidente Donald Trump.

Con este presupuesto, que el mandatario republicano ha calificado como una “ley grande y hermosa”, el mayor gasto del Gobierno en materia de agencias de seguridad se destinará, por amplio margen, a inmigración: será ocho veces mayor que todo el presupuesto del FBI y 13 veces superior al de la DEA.

La votación en el Senado devolvió el proyecto a la Cámara de Representantes, donde debe se revisado de nuevo y conseguir la aprobación para convertirse en ley.

Con un gasto de casi US$170.000 millones en cuatro años, el Gobierno aumentará la cantidad de agentes de migración –con unos 20 mil nuevos puestos-, construirá nuevos centros de detención para migrantes e invertirá en tecnologías de vigilancia, incluida la inteligencia artificial.

En concreto, la ley contempla más de US$64 mil millones para la construcción del muro fronterizo y US$70 mil millones más destinados a la detención de migrantes, lo que incluye la construcción y el mantenimiento de los centros de retención y el transporte de los deportados.

Para aumentar las detenciones y llenar estos centros, el Gobierno prevé contratar más de 20 mil nuevos agentes para el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y para la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

El Senado de Estados Unidos aprueba por el más estrecho de los márgenes el polémico plan fiscal y presupuestario de Donald Trump, que ahora va a la Cámara Baja del Congreso para su revisión y voto final. https://t.co/5kAOprdg8n

— EFE Noticias (@EFEnoticias) July 1, 2025

El laboratorio de ideas conservador CATO ya predice que, una vez entre en vigor esta ley, la cifra de personas retenidas en centros de detención para migrantes se cuadruplicará: pasará de 50 mil actualmente a más de 200 mil en todo el país.

La ley también aumentará los costos de algunos trámites migratorios y, por primera vez, se cobrará un monto de US$1 mil por solicitar asilo, un estatus diseñado para proteger a personas que huyen de la persecución política, religiosa, social o racial en sus países de origen.

El costo por solicitar un permiso de trabajo será de US$550 y este solo tendrá una validez de seis meses. Además, se cobrarán US$100 anuales a quienes tengan una solicitud de asilo pendiente.

Apelar una decisión de un juez de migración costará US$900 (antes se cobraban US$110) y también se elevará a US$500 el costo de solicitar un Estatus de Protección Temporal (TPS).

Impuestos a las remesas y pérdida de beneficios fiscales

La ley crea un nuevo impuesto que afectará directamente la economía de los migrantes en EE.UU., con un gravamen del 3,5 % a las remesas enviadas al extranjero.

Estados Unidos es el principal país emisor de remesas del mundo, según datos del Banco Mundial, con más de US$85 mil 800 millones enviados en 2023, según el centro Migration Policy Institute.

La ley también incluye medidas que afectan directamente a los migrantes, lo que restringe aún más su ya limitado acceso a beneficios fiscales.

Las familias en las que uno de los padres sea indocumentado o no tenga un número de seguro social no podrán acceder al programa de crédito fiscal para los hijos, que reduce el importe de los impuestos a pagar.