La manipulación de las leyes vigentes se ha convertido en una práctica recurrente que erosiona la confianza ciudadana en las instituciones. Se legisla y se interpreta a conveniencia de grupos de poder, olvidando que mientras no exista justicia, tampoco habrá paz. La sociedad arrastra décadas de frustración acumulada porque las normas se aplican por intereses “oscuros”, beneficiando a quienes ostentan privilegios y castigando a quienes carecen de influencia.

Esta dinámica no solo debilita el Estado de derecho, sino que perpetúa la desigualdad y la impunidad como rasgos estructurales de nuestra vida pública. En este contexto, el próximo proceso de postulación para la designación del Contralor General de la Nación adquiere una relevancia extraordinaria. La contraloría no es un órgano decorativo: es la institución que fiscaliza el uso de los recursos públicos y que, en consecuencia, puede marcar la diferencia entre un sistema electoral transparente y uno contaminado por la corrupción.

El contralor es, en términos prácticos, un actor central para garantizar que las elecciones generales de 2028 se desarrollen con credibilidad y sin la sombra de financiamiento ilícito o clientelismo disfrazado de programas sociales. La experiencia reciente, en proceso de postulación para fiscal general obliga a la memoria crítica para que esta “asquerosidad” no se vuelva a repetir.

En el proceso anterior, los rectores y decanos de Derecho protagonizaron una actuación vergonzosa, marcada por componendas y maniobras que desnaturalizaron el espíritu del procedimiento. Esa forma “asquerosa” de manipular la postulación no puede repetirse. Ahora la responsabilidad recae en los rectores de las Universidades del país, quien la preside, asimismo los Decanos de las Facultades que incluyen la carrera de Contaduría Pública y Auditoría; además, un número equivalente de representantes electos por la Asamblea General del Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas demostrar que la ética y el profesionalismo no son palabras vacías, sino principios rectores de su participación.

La ciudadanía espera que quienes tienen la responsabilidad de nominar candidatos actúen con independencia y respeto al proceso, conscientes de que su papel debe ser ético y no obedecer a intereses oscuros. Además, no se puede permitir que se repita la figura de un contralor como el saliente, Frank Helmuth Bode Fuentes, cuya gestión dejó más dudas que certezas que debilitó aún más la credibilidad de la Contraloría. Le han extendido finiquitos a personajes que tienen procesos penales abiertos y les importó una nada que lo criticaran por tan descarado acto.

Guatemala necesita un contralor que no se someta a intereses políticos ni económicos, sino que ejerza su mandato con rigor y valentía. La lección es clara, no necesitamos un contralor complaciente porque es un riesgo para la democracia y para la transparencia del proceso electoral. La designación del contralor no debe reducirse a un trámite burocrático. Se trata de escoger a la persona idónea para transparentar el gasto público, la fiscalización de las transferencias y la auditoría de los programas que inciden directamente en la vida de todos.

En un país donde la corrupción ha drenado recursos destinados a salud, deporte, educación e infraestructura, el contralor se convierte en un guardián indispensable para que los fondos no se conviertan en botín político. Su independencia y rigor serán determinantes para que las elecciones de 2028 no se vean empañadas por el uso indebido de recursos estatales. Espero que Bode Fuentes se lave la cara, antes de que concluya su mandato, e investigue cómo fueron sacados ilegalmente más de Q13 millones durante la realización de los Juegos Centroamericanos 2025.

Los representantes de las universidades y colegios profesionales deben comprender que su actuación será observada con lupa por una ciudadanía cada vez más consciente de la importancia de las instituciones. No se trata de favorecer a amigos, aliados o compromisos políticos, sino de garantizar que el país cuente con un contralor capaz de cumplir con su mandato sin dobleces y arrugas.

La historia reciente demuestra que cuando las instituciones se someten a intereses particulares, el costo lo paga la sociedad entera. La manipulación de las leyes y de los procesos de designación genera un círculo vicioso de impunidad que alimenta la desconfianza y la apatía ciudadana. Por ello, el reto de las facultades de Economía y del colegio de profesionales es romper con esa percepción y les toca demostrar que la academia y los gremios pueden ser motores de cambio, no cómplices de la corrupción.

El contralor general de la nación, en su rol de fiscalizador, puede convertirse en un pilar para recuperar la confianza de la sociedad guatemalteca y para asegurar que los recursos públicos se utilicen en beneficio de todos. Pero ello solo será posible si el proceso de postulación se desarrolla con transparencia y si quienes lo conducen actúan con la ética que la sociedad exige y no como la academia que se vende al mejor postor.

La oportunidad está sobre la mesa, no se debe permitir que se repita la manipulación vergonzosa y “asquerosa” de los anteriores procesos, porque lo que necesitan nuestras próximas generaciones, es un camino hacia la dignidad institucional que tanto necesita Guatemala.