Samuel Flores

El 23 de marzo se conmemora el Día Mundial del Agua, y en las tierras bajas del norte, en Guatemala, cientos de familias y decenas de comunidades campesinas afrontan el abandono del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, MAGA, ya que en los últimos 20 años, facilitó, mediante el FONTIERRAS, la regularización de tierras a favor de las empresas palmeras, de acuerdo con el informe ¿Agua o el Aceite?, presentado recientemente por la Red de Bienes Naturales y Recursos Humanos, y CONGCOOP.

De hecho, la siembra de la palma aceitera constituye la violación al derecho al agua, porque la expansión de ese monocultivo, provoca un impacto socioambiental reflejado en la erosión del suelo y pérdida de la fertilidad durante la preparación del terreno, cambio del uso del suelo, deforestación, contaminación del agua debido a la aplicación de fertilizantes y pesticidas, y desplazamiento de otros cultivos. De esa cuenta, para sobrevivir muchas personas se ven obligadas a trabajar para la misma empresa que genera esos impactos negativos.

Respecto a las afectaciones al medioambiente, el “ecocidio” en el río la pasión, que produjo mortandad de peces en 2015, es el reflejo más grave producido por la industria de la palma aceitera en los últimos años. El deficiente manejo de los desechos tóxicos de la palma revela que es una actividad de alto riesgo y que las amenazas persisten pues ocho años después, la fauna afectada no se ha logrado recuperar.

Agrega el estudio que el derecho a la salud y a vivir en un ambiente son violados por las empresas de palma, así como por el Estado. La palma aceitera genera efectos directos tales como contaminación por productos residuales, mal manejo de desechos, falta de seguro médico para trabajadores, e indirectos como inseguridad alimentaria, modificación de la temperatura del ambiente, proliferación de plagas, sustitución de dietas tradicionales por otras de mejor contenido nutritivo, y otras.

El estudio revela que la siembra de palma aceitera provoca escasez de agua y la degradación del suelo agrícola. Para 2007, una empresa que opera en la región de Ixcán, Quiché, contaba con suficientes parcelas dentro de la comunidad El Prado para iniciar sus operaciones. Comenzaron a talar el bosque de la parte alta, a fin de preparar el terreno para sembrar la palma. La empresa de palma –además de las tierras–, también destruyeron fuentes de agua y tala de bosques.

Es indudable que la expansión de operaciones de las empresas de palma aceitera en esa región produce daños irreversibles a las fuentes de agua, además de violar el derecho humano de decenas de comunidades indígenas y campesinas que viven en la región. Es tiempo que el Estado promueva la regulación de ese monocultivo en la región a fin de rescatar los mantos acuíferos aún existentes para abastecer la región.